Escenario macroeconómico
Las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 enviadas a la Comisión Europea coinciden con un contexto de incertidumbre política y económica, tanto a nivel nacional como internacional y en el que ha influido el cálculo electoral de corto plazo.
A nivel global, los efectos negativos de la política proteccionista de Trump, los términos del acuerdo final sobre el Brexit, el impacto de la normalización de la política monetaria de los principales bancos centrales, la desaceleración del crecimiento de la UE, nuestro principal socio comercial, el encarecimiento del precio del crudo y la reciente revisión a la baja de las previsiones económicas y del comercio mundial generan un clima de incertidumbre, que apunta a una ralentización del crecimiento.
A nivel nacional, existen visibles señales de desaceleración en términos interanuales en algunos indicadores adelantados como el sentimiento económico, las exportaciones, la creación de empleo y la llegada de turistas, que ya han impactado sobre el ritmo de crecimiento económico, que ha pasado de un avance interanual del 3,3% en el segundo trimestre de 2017 a un 2,5% en el mismo periodo de 2018, y con un escenario central para 2019 y 2020 de desaceleración. Así, los principales servicios de estudios han revisado a la baja las previsiones de crecimiento del cuadro macroeconómico por la caída de la demanda interna y la menor aportación del sector exterior al PIB. En concreto, se estima que España cerrará este año con un avance del 2,6% y un 2,2% para 2019.
La desaceleración económica dificulta el proceso de consolidación fiscal que, además, se ve agravado por las medidas anunciadas por el Gobierno, ya que éstas impactan directamente sobre las expectativas del sector privado, el dinamismo y la competitividad, y no permiten recuperar margen de maniobra de la política fiscal ante una recesión económica. Hay que recordar que España mantiene un elevado nivel de deuda pública (98,3% del PIB) y de déficit público estructural (3%), siendo el único país que se mantiene en el Procedimiento de déficit excesivo.
Asimismo, el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea un proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 con una senda de consolidación fiscal no aprobada por el Parlamento, incumpliendo de esta manera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la regla de gasto y el techo de gasto del Estado. Es decir, no respeta el marco institucional presupuestario español. A su vez, la posible modificación de la Ley supondría eliminar el principal mecanismo de contención del gasto público y reducción del déficit estructural, con consecuencias negativas sobre la confianza y estabilidad de la prima de riesgo de la deuda. Por tanto, la falta de rigor presupuestario erosiona la calidad democrática.
