Un sistema de pensiones eficiente y sostenible debe respetar una serie de principios básicos: contributividad (proporcionalidad entre lo aportado y lo percibido), equidad, solidaridad intergeneracional, suficiencia y equilibrio financiero. En el caso español fueron definidos, en su momento, con un amplio consenso entre los partidos políticos, en lo que sería conocido como el Pacto de Toledo.
Aunque el sistema español ha funcionado correctamente en el pasado, la evolución demográfica y social, en especial el envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de natalidad, además de determinadas decisiones políticas recientes, han erosionado sus fundamentos y amenazado su sostenibilidad. Así, la evolución de la tasa de dependencia y el crecimiento progresivo de la tasa de beneficio explicarían más del 90% del aumento del gasto en pensiones. Desde 2010 los gastos de la Seguridad Social superan a los ingresos, y la brecha ha crecido progresivamente hasta agotar el Fondo de Reserva y generar una deuda que se situaba en el tercer trimestre de 2021 en 91.855 millones de euros, un 7,9% del PIB.
Tras las importantes reformas aprobadas en 2013, retrasando la edad de jubilación, incrementando el período de cálculo, introduciendo el factor de sostenibilidad y aprobando un nuevo mecanismo de revalorización, las reformas más recientes han consistido, en una primera fase, en traspasar parte de los gastos del sistema a los Presupuestos Generales del Estado, reinstaurar la revalorización de las pensiones conforme al IPC o suprimir el factor de sostenibilidad. Y, en una segunda fase, se ha propuesto un mecanismo de equidad intergeneracional alternativo, acordado con los sindicatos y sin apoyo de la patronal, que no mejora la sostenibilidad ni la equidad del sistema de pensiones. Se trata de medidas parciales, incluso revirtiendo alguna de las anteriores, que amenazan de nuevo y en mayor grado la sostenibilidad del sistema.
Resulta imprescindible y urgente, por ello, trasformar el sistema con visión de largo plazo para asegurar su sostenibilidad, equilibrio, eficiencia y respeto de la solidaridad intergeneracional.
La implantación de un sistema de cuentas nocionales individuales sería una vía de solución del problema. Se trata de un sistema de reparto y de contribución definida que establece el equilibrio actuarial entre aportaciones y pensiones ya experimentado con éxito en países de nuestro entorno. Este modelo, unido a un retraso en la edad de jubilación, permitiría asegurar la sostenibilidad del sistema tras un necesario período de transición. Ofrecería además a los ciudadanos una proyección sobre el nivel de sus pensiones futuras aumentando la transparencia y confianza en el sistema, les daría mayor libertad de decidir sobre la duración de la vida activa e incentivaría el retraso en su edad de jubilación.
De este modo, con el objetivo de conseguir el equilibrio actuarial y mantener el nivel actual de prestaciones de las pensiones públicas españolas proporcionando a los ciudadanos una pensión equivalente a 2,5 veces las cotizaciones realizadas, la edad de jubilación debería aumentarse hasta los 70 años. Se ofrecería a los ciudadanos un intervalo de jubilación comprendido entre 68 y 72 años, con una pensión menor en caso de jubilarse antes de los 70 y mayor en caso contrario, que les permitiría planificar adecuadamente el momento de su jubilación y la cuantía de su pensión.
En paralelo habría que promover la financiación complementaria para la jubilación proveniente del ahorro privado, como los planes de empresa y planes de ahorro individual, hipotecas inversas y venta de la nuda propiedad, a través de incentivos fiscales y otras medidas de apoyo. El establecimiento de un modelo de “mochila austríaca”, que el Círculo de Empresarios propone como componente clave de la reforma laboral, contribuiría asimismo a aumentar la cuantía del ahorro para la jubilación, mejorando al mismo tiempo la disponibilidad de recursos financieros necesarios para el crecimiento económico e inversión empresarial.
Cualquier reforma de calado que afecte a la Seguridad Social, como componente esencial del Estado de Bienestar, para asegurar su sostenibilidad en el medio y largo plazo debe ser fruto del mayor nivel de consenso parlamentario posible, preferentemente con acuerdo entre los agentes económicos y sociales y con visión de futuro, anteponiendo el interés general sobre los electorales y cortoplacistas. Resulta profundamente insolidario continuar aplazando la reforma y cargando el imprescindible ajuste sobre las próximas generaciones.
Un sistema de cuentas nocionales como el aquí propuesto podría abordar un reto de tal magnitud y solucionar el problema de sostenibilidad de un sistema de pensiones equilibrado, siempre mediante una implantación gradual y contando con la financiación adecuada. Pero al mismo tiempo necesitaría complementarse con el conjunto de medidas aquí propuestas y, por supuesto, con todas aquellas reformas estructurales que contribuyan a un aumento del crecimiento potencial de nuestra economía y, con ello, a una reducción de nuestro nivel de desempleo que lo aproxime a los de nuestros socios europeos.
