Las próximas elecciones se producen en un contexto singularmente extraordinario, el de la crisis económica española más grave de los últimos 50 años. No es una legislatura más, sino que esta legislatura formará parte de la historia económica de España. Está en juego la credibilidad económica y financiera de España como nación. La urgencia en acometer las medidas imprescindibles de política económica que se contemplan en este documento es total. Todavía estamos a tiempo pero, si por acción o por omisión se deja que nuestra coyuntura siga deteriorándose, podemos incluso llegar a una situación de colapso económico que sería ya irreversible en el medio plazo.

Es muy urgente aprobar un plan de choque integral y creíble de política económica. Los tres grandes ámbitos de actuación más inmediata son los siguientes: la consolidación fiscal, la reforma laboral y la normalización del crédito.

En primer lugar, para recuperar la credibilidad y confianza económicas tenemos que afrontar un drástico proceso de consolidación y reforma presupuestaria que nos garantice que vamos a cumplir el objetivo comprometido de situar nuestro déficit público en el 3 por 100 del PIB a final de 2013. Para ello, se han de centrar los esfuerzos en recortar el gasto. El ajuste presupuestario del 2012 ha de ser de un orden mínimo de 30.000 millones de euros, revisando para ello la totalidad de partidas (presupuesto cero).

La estructura de la Administración debe reconvertirse: reduciendo el número de Ayuntamientos, fusionando y suprimiendo departamentos administrativos; minimizando los puestos de libre designación y reconvirtiendo y/o cerrando empresas públicas y entes públicos. Hay que congelar y/o contraer la masa salarial de la Administración Pública; unificar las compras públicas; disminuir drásticamente las transferencias y subvenciones a agentes privados; e incrementar las tasas y precios públicos no tanto para recaudar sino para mejorar la eficiencia de la prestación.

El marco legislativo presupuestario debe reformarse fijando por ley límites absolutos de gasto público al Estado y a las Comunidades Autónomas. Se ha de establecer la prohibición de los llamados gastos impropios (los que se hacen al margen de sus competencias) de las Administraciones Territoriales. Es del todo aconsejable crear un organismo u oficina fiscal independiente y neutral para controlar y supervisar el Presupuesto. La financiación territorial debe replantearse, condicionándola al cumplimiento de compromisos de déficit, gasto y deuda.

En segundo lugar, hemos de acelerar la vuelta al crecimiento y conseguir que ese crecimiento genere empleo de forma inmediata. A estos efectos, la modernización del mercado laboral constituye la gran reforma estructural pendiente de la economía española. Lo más inmediato es que en la negociación colectiva se vinculen los salarios a la productividad. Para ello, se ha de otorgar prevalencia incondicional a los convenios de empresa y suprimir la ultra-actividad. Se deben establecer legalmente unos parámetros mínimos obligados de flexibilidad interna (distribución de jornada, movilidad geográfica y funcional) que los convenios no puedan anular. Asimismo, hay que aprobar una ley de huelga adecuada.

Para favorecer la contratación se ha de simplificar y reducir la tipología de contratos laborales, introduciendo para los nuevos empleados un contrato único indefinido con coste de extinción del despido improcedente de 20 días por año trabajado. En los contratos a tiempo parcial conviene liberalizar la distribución de horas complementarias e introducir la posibilidad de hacer horas extraordinarias. Es conveniente flexibilizar los salarios mínimos y de convenio para los jóvenes. Se debe impulsar la acción de las mutuas privadas en el control del absentismo laboral. Hay que revisar el marco de prestaciones de desempleo incentivando la búsqueda activa de trabajo y redistribuyendo el gasto hacia unas políticas activas que deben ser evaluadas y reorientadas hacia las necesidades del mercado de trabajo.

En tercer lugar se ha de normalizar el crédito como condición necesaria para restablecer el ciclo económico. El punto de partida debe ser la transparencia. Se debe informar en detalle sobre la exposición potencialmente problemática y vigilar la integridad en balance de su valoración y adecuada calificación. Es inevitable seguir con la reestructuración del sistema financiero para ajustar los excesos de estructuras, avanzar en la mejora de la eficiencia y en procesos de integración que permitan aprovechar complementariedades de solvencia y obtener ahorros de escala. Ha de acelerarse la profesionalización y despolitización de los órganos gestores de las Cajas de Ahorros.

La recapitalización de las entidades financieras debe intentarse que sea a través del mercado. Lo fundamental no es tanto ampliar los requerimientos obligatorios de capital respecto a los estándares actuales, sino que los que se tengan sean fiables. Para ello se deben sanear los balances. En los casos que sean fondos públicos los que recapitalicen, esta intervención llevaría aparejada un plan integral de reestructuración que garantizara la viabilidad de la entidad y el compromiso, en su caso, de su privatización futura.

En síntesis, es muy urgente afrontar y resolver cuanto antes los retos de:

  • La consolidación fiscal y la reforma presupuestaria. Para generar confianza y recuperar la credibilidad de la política económica.
  • La reforma laboral. En aras a estimular el crecimiento y revertir el desempleo.
  • La reestructuración financiera. Como condición necesaria para empezar a normalizar el crédito.

Pero una vez resueltas estas tres grandes prioridades tiene que comenzar el

proceso de instrumentación de las otras reformas estructurales pendientes, que han

de enmarcarse dentro de la mejora de la calidad institucional y de exigencia en todos

los órdenes del cumplimiento de la ley:

  • Seguridad jurídica. La regulación económica debe estar formada por normas claras, estables y predecibles. Tienen que racionalizarse y simplificarse las normas que comportan cargas innecesarias sobre las empresas.
  • Mejora de la Justicia. Hay que modernizar los órganos jurisdiccionales, potenciar la independencia del poder judicial y reducir el exceso de litigación, aligerando procedimientos extrajudiciales de arbitraje y mediación.
  • Integración de organismos reguladores. Las funciones actualmente distribuidas entre los organismos reguladores de industria de red se han de consolidar en un único organismo independiente, bien capacitado técnica y económicamente.
  • Unidad de mercado. Hay que aprobar leyes marco que armonicen los ámbitos en que está siendo quebrantada, y generalizar el principio de reconocimiento mutuo en el cumplimiento de requisitos y autorizaciones.
  • Mejora de la calidad de la educación. Se debe potenciar el aprendizaje de idiomas y la utilización de nuevas tecnologías de información. Tiene que instaurarse la cultura del esfuerzo a través de la exigencia.
  • Incremento de la eficiencia en la sanidad, con mecanismos de copago para racionalizar la demanda y potenciando la gestión mediante instrumentos de concertación público-privada.
  • Energía. Hay que considerar la energía nuclear como un elemento clave. Se ha de racionalizar el apoyo a las energías renovables. Es fundamental disponer de redes de interconexión internacionales, y continuar con el proceso de desregulación del sector eléctrico.
  • Suelo y vivienda. Hay que desregular el suelo recuperando los principios de la ley de 1997. Debe flexibilizarse en general el mercado de alquileres.
  • Liberalización comercial. Debe haber libertad de horarios y de apertura comercial, como ya se está haciendo en alguna Comunidad.
  • Marco favorable para las empresas en general, y en especial para las PYME: facilidades en la creación de empresas, apoyo de instrumentos específicos de financiación, mejora de procedimientos legales de cobro de deudas, estímulo de internacionalización e innovación y utilización de internet.
  • Impulso del espíritu empresarial y emprendedor. Los empresarios son esenciales en cualquier sociedad dinámica, y más en momentos de crisis, pues actúan como creadores de cambio, elemento de flexibilidad y, por ende, protagonistas imprescindibles para nuestra recuperación y progreso en el marco de una economía de mercado.

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