Los mercados del suelo, como factor de producción, y de la vivienda, tanto como bien de primera necesidad como, a la vez, bien de inversión, son temas que generan cuestiones de gran importancia, tanto por sí mismos, como por su incidencia en el nivel de endeudamiento de las familias, en la productividad de otros sectores, o en el nivel de desempleo entre las distintas regiones españolas.
Hace tres años, en otoño de 2001, el Círculo de Empresarios se pronunció sobre los problemas que existían en este ámbito. Pasado este tiempo, los problemas siguen sin resolverse ya que no se han abordado las causas de los mismos sino, únicamente, los síntomas. Las distintas Administraciones continúan obsesionadas con resolver los males creados por el intervencionismo, la arbitrariedad, las restricciones y la ausencia de derechos de propiedad y, en definitiva, la existencia de un mercado planificado. Lamentablemente se ha intensificado todavía más dicho intervencionismo. Parecería que se está tratando de apagar un fuego con gasolina.
En España hoy no existe un mercado libre de suelo y de la vivienda como existen mercados libres de otros bienes, y también mercados financieros donde se asignan libremente los recursos entre opciones alternativas. Por el contrario, dicho mercado del suelo y de la vivienda está fuertemente intervenido, regulado y sujeto a una planificación más propia de una economía dirigida que de una economía de libre mercado.
En esencia, nos enfrentamos a un mecanismo perverso. Por un lado, el suelo se ve encarecido de forma artificial por la intervención de las AA.PP., y en especial de los municipios que se financian en mayor o menor medida por esta vía y limitan su oferta creando escasez donde no la hay. La consecuencia de esta restricción la pagan los compradores de viviendas, a través de unos precios excesivos, lo que supone una transferencia de rentas de dichos compradores en beneficio de los propietarios de solares y terrenos declarados urbanizables y de las corporaciones locales, amén de otros intermediarios. Podría decirse que la escasez del suelo supone un “impuesto” regresivo y opaco que grava a los consumidores para beneficiar, de una u otra forma, a todos los que intervienen en el proceso.
Y por otra parte, para tratar de paliar un problema que el propio Estado ha creado, éste procede entonces a otorgar subvenciones (que obviamente proceden de nuestros impuestos) para comprar esas viviendas artificialmente encarecidas. Evidentemente, como cualquier otra subvención a la demanda de un bien, las ayudas se trasladan de nuevo a los precios, generando una nueva transferencia de rentas a los mismos colectivos antes mencionados, y alimentando el círculo vicioso (restricción de ofertaayuda al comprador-subida de precios, etc.). Cabe destacar además el contrasentido de pretender resolver un problema de insuficiencia de oferta mediante el estímulo a la demanda. Obrando así no se consigue otra cosa que aumentar la diferencia entre una y otra y, por consiguiente, provocar mayores aumentos de los precios.
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