La fragmentación política y la incapacidad de alcanzar un acuerdo para formar un Gobierno estable ha llevado a España a celebrar unas nuevas elecciones generales, las cuartas en el periodo natural de una legislatura. Una situación que agrava la inestabilidad política y la parálisis reformista de nuestro país, en un entorno global marcado por la ralentización económica y la fragilidad geopolítica, y en el que hay que abordar nuevos retos tecnológicos, sociales y medioambientales.
A nivel global, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que la economía mundial ha iniciado una fase de desaceleración sincronizada, principalmente por el estancamiento del comercio ante la escalada proteccionista, que no sólo se circunscribe a EEUU y China, sino que también trasciende a la UE. Un factor que, junto a las consecuencias del Brexit, el debilitamiento del orden multilateral, la crisis de liderazgo global y las crecientes tensiones políticas y sociales en Oriente Medio, América Latina y Asia, entre otros, han situado al Índice de Incertidumbre Global en sus niveles máximos desde finales de los 90, y deteriorado las expectativas y la confianza del sector privado (familias y empresas).
En lo económico, aunque nuestro país continúa liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas, con un 2% interanual en el segundo trimestre de 2019 frente al 1,2% de media en la Eurozona, la OCDE ha advertido de que nuestra coyuntura se deteriora a mayor ritmo que en el conjunto de la unión monetaria, junto a la de Irlanda y Eslovaquia. Un hecho que se constata en las sucesivas revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento para 2019 por parte de los principales organismos internacionales y nacionales, desde el rango 2,2 – 2,4% anual estimado en el primer semestre de este año hasta el 1,8 – 2,1% anual actual. Esta tendencia situaría el avance de la economía española entre el 1,5% y el 1,8% en 2020, condicionado a que no empeore el contexto político y económico tanto a nivel nacional como global.
La ralentización de la economía española se explica principalmente por la pérdida de dinamismo de la demanda interna, a lo que se une la revisión del INE de la serie histórica del PIB. El consumo privado continúa moderándose y la inversión sufre una acusada desaceleración ante el deterioro de las condiciones económicas y las expectativas empresariales. En contraste, el gasto público, con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados (PGE 2018), ha repuntado principalmente a través de las medidas aprobadas por el actual Gobierno en funciones vía Real Decreto Ley. Las nuevas medidas fiscales y de gasto no sólo han generado incertidumbre, sino que también han elevado la presión fiscal sobre las familias y las empresas, impactando negativamente en su capacidad de ahorro, consumo, inversión y generación de empleo, especialmente en los sectores con menor productividad. Un nuevo año perdido en términos de consolidación fiscal, sin avances en la reducción del déficit estructural y del volumen de la deuda pública, que podría verse agravado si se aprueban las nuevas medidas expansivas de gasto recogidas en el Plan Presupuestario 2020 enviado por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea, que ha advertido de un posible incumplimiento de los compromisos de ajuste de déficit y de la regla de deuda adquiridos por España. Un escenario que pone en riesgo no sólo la sostenibilidad del Estado de Bienestar, sino también un correcto equilibrio intergeneracional.
