La Ley de Presupuestos Generales del Estado es una de las piezas legislativas más relevantes que las Cortes españolas deben aprobar cada año. Reducir la misma a pequeñas modificaciones del proyecto aprobado por el Gobierno, resultado del trueque de intereses parlamentarios entre los grupos que lo apoyan, y desoír al resto de grupos y a las contribuciones fundamentadas de las instituciones independientes y de la sociedad civil, es empequeñecer al foro parlamentario, someterlo, tal vez aún más, a los designios del Gobierno y seguir ahondando por la vía de los hechos en un modelo muy presidencialista.
