Isabel Dutilh, Vicepresidenta del Círculo y Copresidenta del Grupo de Trabajo de Seguridad Jurídica escribe este artículo para el suplemento ABC Empresa. En él, analiza los principales puntos del documento «La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social» sobre la calidad del sistema jurídico en España.
UN SISTEMA JURÍDICO PARA EL CRECIMIENTO Y EL PROGRESO
Una economía de mercado solo puede desarrollarse adecuadamente con un sistema jurídico de calidad. La calidad institucional es fundamental para el progreso de los países y los que cuentan con mejores instituciones son los que figuran a la cabeza en todos los índices internacionales de prestigio.
En este contexto, la Administración de Justicia es esencial para la competitividad de un país pues, como pieza básica del marco institucional, tiene un impacto directo sobre las decisiones empresariales, condicionando el dinamismo y el crecimiento económico.
En el documento «La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social», el Círculo de Empresarios propone varias ideas para mejorar los servicios de justicia.
La primera de ellas, que las instituciones garanticen adecuadamente la seguridad jurídica con un ordenamiento de calidad. Las posibilidades de introducir previsibilidad en el Derecho a través de la jurisprudencia de los tribunales son limitadas, y es necesario que el legislador se esfuerce por mejorar la calidad de las normas. La jurisprudencia puede refinar lo que el legislador produce, pero esto debe superar un umbral de calidad.
"Sería deseable que se generalice el recurso a la consulta pública con los operadores económicos y sociales de los proyectos normativos" Clic para tuitearSería deseable que se generalice el recurso a la consulta pública con los operadores económicos y sociales de los proyectos normativos, prestando particular atención a los operadores sectoriales. La consulta pública de ciertos proyectos de ley en el pasado ha dado muy buenos resultados.
Por otra parte, los poderes públicos con capacidad normativa deben comprometerse a favor de la estabilidad de las normas, evitando cambios sorpresivos que dificultan la planificación de la actividad empresarial. La falta de estabilidad del marco normativo afecta negativamente a la seguridad jurídica y supone un grave obstáculo para la correcta Administración de Justicia.
Vinculado a lo anterior, es preciso recordar que determinados cambios normativos pueden suponer una vulneración del «principio de trato justo y equitativo» que suele figurar en los tratados de protección de las inversiones extranjeras. En muchos casos, los inversores extranjeros que consideran lesionado ese principio pueden acudir a mecanismos arbitrales para resolver la controversia con el Estado. Los inversores nacionales, en cambio, no pueden acudir a ellos, lo que provoca un trato desigual para una misma situación.
Debería revisarse también el actual sistema de selección de los jueces, así como fomentar su especialización y rediseñarse el sistema de remuneración y de promoción atendiendo a criterios objetivos de calidad. Para superar las oposiciones y concursos se otorga excesivo peso a las facultades memorísticas, mientras los conocimientos económicos o contables tienen un peso prácticamente marginal.
Desde otro punto de vista, la previsibilidad de las decisiones se incrementa cuando los asuntos los resuelven jueces especializados. Es asimismo necesaria una evaluación continuada de la carga de trabajo que soportan los juzgados especializados para ajustar la estructura y la plantilla judicial a las necesidades reales.
La modernización tecnológica de la justicia resulta esencial. Hay que asegurar la máxima interoperabilidad de los sistemas informáticos de los diversos territorios y dar una adecuada formación en este ámbito de los jueces, los fiscales y al resto del personal, que debe
imbuirse de una cultura del cambio.
Es generalizada la opinión sobre la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de encomendar al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos, en cooperación con la policía judicial, y de colocar al juez en la función de garantía de los derechos de las personas físicas y jurídicas.
Preocupa especialmente a las empresas su riesgo reputacional, pues en muchas ocasiones soportan la pena de banquillo aunque después sean absueltas en el juicio oral. Por ello sería deseable que la eximente de cumplimiento se aplicara en la fase de instrucción, o que se evite el llamamiento en calidad de investigado, con la finalidad, según se dice, de garantizar su derecho de defensa, lo que que causa graves daños reputacionales a las personas afectadas.
Asimismo hay que recordar el carácter esencial del secreto del sumario, y debería ponerse fin a las fugas de la información contenida en los mismos.
En materia concursal, hay que dotar de mayor flexibilidad al procedimiento, para hacerlo menos costoso y favorecer la continuación de la actividad empresarial. Y es necesario suprimir los privilegios de los que disfrutan los créditos de las Administraciones Públicas, así como la sucesión de deudas con Hacienda y la Seguridad Social al adquirir unidades de negocio.
Finalmente, es necesario potenciar la mediación y el arbitraje como mecanismos alternativos para la resolución de controversias. Presenta numerosas ventajas para la solución de los conflictos mercantiles y permite importantes ahorros de coste y de tiempo frente al litigio. Pero pese a las buenas intenciones legislativas, la mediación mercantil no ha logrado despegar en España, aunque tampoco lo haya hecho en general en Europa.
En estos y otros muchos ámbitos la Justicia española tiene amplio margen de mejora. Por eso deberíamos ponernos a la tarea cuanto antes.