La transformación digital de la economía y del sector financiero representa un fenómeno de cambio estructural  que está impulsado por factores tecnológicos y por las variaciones en la demanda de los servicios que solicitan los ciudadanos y las empresas. En concreto, en el sector financiero, las nuevas tecnologías producen eficiencias al proveedor y a los usuarios de servicios financieros, así como la reducción de las asimetrías de información y la mejora en la supervisión del sector financiero. En este sentido, la transformación digital debe asegurar que se fortalezca la capacidad del conjunto del sistema financiero para impulsar la economía y la cohesión social y territorial.

En este contexto, el Gobierno de España ha publicado la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero (detalle en el enlace https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-14205.pdf ) con el objetivo de acompañar la transformación digital del sistema financiero con un conjunto de medidas dirigidas a establecer un marco normativo del sandbox regulatorio en España. Estas medidas están orientadas a garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo con sus obligaciones en el contexto digital y facilitar el proceso innovador del acceso a la financiación de los distintos sectores productivos.

Los principales aspectos recogidos en la ley se pueden agrupar en tres grandes cuestiones:

  1. Espacio controlado de pruebas. Se trata de un conjunto de disposiciones que amparan la realización controlada y delimitada de pruebas dentro de un proyecto que puede aportar una innovación financiera de base tecnológica aplicable en el sistema financiero. Tres son los aspectos clave del entorno de pruebas: i) se trata de un espacio controlado, que debe ser seguro para los participantes; ii) el espacio controlado de pruebas es un instrumento regulador y supervisor; y iii) está constituido por un marco regulatorio. En esta sección se tratan además los regímenes de acceso, de garantías y de protección de los participantes, así como el régimen de salida.
  2. Otras medidas. En esta sección se desarrollan medidas como las previsiones específicas para la aplicación del principio de proporcionalidad en el conjunto de actuaciones de las autoridades públicas del ámbito financiero, un canal de comunicación directa con las autoridades supervisoras que aporte confianza a los innovadores y un cauce para las consultas escritas sobre aspectos de la regulación y otros que pudieran surgir.
  3. Disposiciones institucionales y rendición de cuentas. En este apartado se establecen disposiciones sobre la colaboración entre autoridades y la coordinación en sus actuaciones, así como la constitución de una Comisión para llevar a cabo la coordinación entre las autoridades con el fin de establecer pautas homogéneas.