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Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo escribe este artículo para el suplemento Mercados del diario El Mundo. En el artículo analiza la situación actual y futura de las pensiones en España.

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Trabajar más allá de los 67

El Círculo de Empresarios ha señalado en repetidas ocasiones que en España deberíamos alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Habría que hacerlo, tanto para garantizar unas pensiones dignas en el futuro como para ajustar la edad de jubilación a la mayor esperanza de vida que nuestra sociedad está experimentando.

Lo que nunca ha dicho el Círculo es que se deba establecer la edad de jubilación en 75 años, pese a que algún medio nos lo haya atribuido, generando con ello polémica. Sí ha manifestado, y con bastante claridad, que ampliar la edad de jubilación por encima de lo establecido debería ser voluntad del trabajador, valorando él mismo sus circunstancias personales.

Esta opción tendría que estar incentivada fiscalmente por el Estado, como debería también estarlo el compatibilizar una pensión con los ingresos procedentes de una actividad laboral después de la jubilación; pero no con la regulación actual, que provoca el efecto contrario.

España es un país en el que las tasas de longevidad aumentan, las de natalidad disminuyen y los partidos políticos no se toman suficientemente en serio este problema por considerarlo de largo plazo. El crecimiento vegetativo de la población española es negativo debido a que la tasa de fecundidad se encuentra en 1,33 niños por mujer, cuando para mantener la población necesitaríamos 2,1. De ahí que propongamos políticas que ayuden a la conciliación, favorezcan la natalidad e impulsen la incorporación de la mujer al mercado laboral, combinadas con una adecuada política de inmigración.

Es inconcebible que los partidos, atrincherados en torno al Pacto de Toledo, no hayan tomado ya medidas de fácil aplicación como podría ser ampliar la edad de jubilación con carácter voluntario. De esta forma, además de contribuir a resolver el grave problema que afecta al futuro de las pensiones, se obtendrían ingresos fiscales adicionales por la nueva actividad económica generada. Asimismo, permitiría retener el talento sénior con efectos positivos para la formación de los jóvenes, mediante la transmisión de su conocimiento y experiencia.

El Pacto de Toledo es una excelente herramienta, que no resuelve los problemas de fondo Clic para tuitear

El hecho de que medidas de estas características no estén consensuadas y aplicadas ya de forma efectiva demuestra que algunos de nuestros líderes políticos no quieren entender que, cuanto más tarde abordemos con seriedad estos problemas, más costosa y difícil resultará su solución en el futuro.

El Pacto de Toledo nació precisamente como un acuerdo entre los principales partidos del arco parlamentario para evitar utilizar como arma arrojadiza en la pelea electoral un asunto tan serio como el de las pensiones. Este pacto se ha convertido con el tiempo en una excelente herramienta, pero actualmente no resuelve los problemas de fondo, sino que se limita a parchearlos. Por ejemplo, con modificaciones paramétricas, bien alargando la edad de jubilación y el periodo de cálculo para determinar la pensión o aplicando, como se hará en 2019, el anunciado factor de sostenibilidad. Pero no se están sentando las bases para una solución estructural que podría venir, como muchas veces ha señalado el Círculo, implantando como complemento al actual sistema de reparto un sistema de capitalización, al igual que en Suecia en 1995.

No cabe duda de que la creación de empleo (500.000 nuevos puestos al año desde 2014) palía notablemente el problema a corto plazo, pero es del todo insuficiente para cubrir el déficit recurrente de la Seguridad Social, que en 2017 alcanzó la cifra récord de casi 19.000 millones de euros.

Hace escasas fechas organizábamos, junto a la Fundación Transforma España, la primera de las cuatro mesas de debate que abordarán desde distintos ángulos las perspectivas que presentan la demografía y la longevidad en el cada vez más cercano horizonte de 2030, en el que un 25 % de la población será mayor de 65 años. Más grave aún, si no se realizan reformas, en 2050 la previsión es que cada trabajador activo tendrá que mantener a un pensionista. Cuestiones como la evolución biológica y demográfica, el impacto de la jubilación de la generación del baby boom, las políticas activas de empleo, la adaptación del marco regulatorio o el papel de empresas y trabajadores serán objeto de análisis en estas mesas de debate.

El envejecimiento de la población se verá reflejado en el mercado de trabajo, en las pensiones, en los gastos sanitarios y en el potencial de crecimiento futuro de la economía española. Cada día que pasa sin adoptar medidas es un día perdido, cuyo coste recaerá especialmente en los jóvenes. Los nú- meros son claros y, aunque sólo sea por una cuestión de solidaridad intergeneracional, no podemos dejar sin resolver un problema de esta magnitud que condicionará la sostenibilidad futura del Estado de Bienestar.

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