Alicia Coronil analiza en este artículo publicado en ABC Empresa, cómo el peso de la regulación dificulta la unidad de mercado e impone excesivos sobrecostes y trabas a las empresas y a los ciudadanos con consecuencias graves sobre la competitividad de la economía española.
Subcampeones en restricciones comerciales
España ha recuperado los niveles de PIB anteriores a la crisis, pero no su posición previa en los principales rankings internacionales de competitividad. Actualmente, nuestro país se sitúa en el Global Competitiveness Index, elaborado por el World Economic Forum (WEF), en el puesto 34 de un total de 137 países, habiendo llegado a estar en el puesto 28 en 2007. Esta clasificación está en línea con su nivel de renta per cápita a nivel mundial (puesto 32), si bien es inferior a la que le correspondería al peso de la economía española a nivel global al ser el 13er país con mayor PIB nominal.
Según el WEF, los ámbitos que principalmente lastran avances futuros de la competitividad española son el funcionamiento de los mercados de bienes, laboral y financiero, la innovación y la calidad institucional, en el que se analiza la eficiencia de la regulación por su impacto en el desarrollo de la actividad económica. En concreto, España, en términos de eficiencia del marco regulatorio, se sitúa en el puesto 76, en niveles similares a países como Jamaica y Uganda y muy alejada de Alemania, que con un modelo territorial similar al de nuestro país, ocupa la novena posición en esta variable del total de economías analizadas.
Estos resultados coinciden con los reflejados en las sucesivas ediciones del Barómetro de los Círculos, en la que los empresarios señalan como una de las principales debilidades de la economía española el peso de la regulación que dificulta la unidad de mercado e impone excesivos sobrecostes y trabas a las empresas y a los ciudadanos. No hay que olvidar que la evolución de la productividad total de los factores, determinante del crecimiento potencial de la economía, está vinculada con el grado de liberalización de la estructura productiva y por el marco regulatorio en que se desarrolla la actividad empresarial. Por tanto, debe asegurarse la existencia de una unidad de mercado efectiva por sus efectos positivos sobre la eficiencia y la competitividad, y en consecuencia al crecimiento económico y al bienestar de los individuos.
"Es necesario adaptar el marco regulatorio al nuevo entorno socioeconómico que vivimos" Clic para tuitearEn contraste, las diecesiete Comunidades autónomas apoyadas en su capacidad normativa y reguladora creciente, con un total de 253 nuevas normas en 2017 y de 1.694 desde 2012, han desarrollado un marco regulatorio con elementos claramente diferenciadores entre sí, que redunda en un incremento sustancial de los costes de información, asesoramiento jurídico y fiscal, y de gestión de aquellas empresas que no limitan su actividad a una sola Comunidad. Estos costes de transacción principalmente contribuyen a segmentar el mercado, actuando como barreras de entrada que dificultan el acceso de las empresas, especialmente en el caso de las de menor tamaño.
En este sentido, recientemente la Comisión Europea ha señalado a España como el segundo país de la UE, solo superado por Francia, con mayor número de restricciones comerciales, lo que impide a las empresas adaptarse a la transformación digital y reaccionar a los nuevos modelos de negocio que se están desarrollando, como el e-commerce. La fragmentación normativa autonómica, a la que se suma la existencia de restricciones de ámbito local, en aspectos como la apertura de nuevas tiendas, los horarios comerciales o el establecimiento de impuestos específicos ponen en riesgo la viabilidad y el empleo de sectores tradicionales ante el cambio de hábitos de consumo que está produciendo la transformación digital. Por tanto, es necesario adaptar el marco regulatorio español, diseñado principalmente en la década de los 90, al nuevo entorno socioeconómico que vivimos. Es decir, seguir el ejemplo de países como Finlandia, Suecia, Irlanda, Portugal o Italia que han optado por dotar de mayor flexibilidad su normativa comercial para favorecer la competitividad de las empresas y la creación de empleo.
Por tanto, impulsar la competitividad de la economía española y su adaptación a un mundo cada vez más global, interconectado y en constante cambio exige eliminar la fragmentación del mercado y reducir las barreras que impiden el correcto desarrollo de la actividad económica. Apostar por la unidad de mercado no significa ir en contra de las competencias otorgadas a las Comunidades Autónomas, es garantizar que existen normas eficientes que permitan a las empresas competir en igualdad de condiciones.