
Publicado en el diario Expansión
Jesús Sainz es Secretario General del Círculo de Empresarios
Uno de los mitos centrales de los nacionalismos modernos consiste en otorgar a la independencia la capacidad de generar una riqueza, un nivel de vida y un bienestar social superiores a los del país en el que se encuentran integrados. Sus argumentos no explican con claridad cuál será la fuente de esas enormes ganancias, y ocultan los verdaderos costes socioeconómicos de la ruptura. Así sucedió en otros intentos independentistas y es lo que ocurre ahora en Cataluña.
Desde que se inició el proceso, hemos sido testigos de las promesas de mayor prosperidad y bienestar para Cataluña si se produjera la ruptura con España. Promesas que adolecen de realismo, ya que en ningún momento los nacionalistas catalanes han explicado cómo la independencia traerá consigo ese paraíso económico imaginario que anuncian. En ocasiones, han defendido la viabilidad de una Cataluña independiente tomando como referencia la creación de nuevos estados en la historia reciente europea, pero sin mencionar que éstos surgieron de circunstancias bien distintas. En el caso de Islandia, por ejemplo, cuando en 1944 se independizó de Dinamarca tenía estatuto de colonia, era una de las regiones más pobres de Europa y su insularidad explicaba su reducido grado de integración con la metrópolis. Su carencia de pragmatismo les ha impedido analizar el deterioro económico y demográfico que han experimentado otras regiones que han iniciado movimientos soberanistas. Analicemos el caso de Quebec, que con frecuencia se cita como referencia por los defensores del proceso.
Quebec inició su movimiento independentista a finales de los 70, lo que dio lugar a sendos referéndums en 1980 y 1995, y a negativas consecuencias para su economía. Desde 1981 a 2006, mientras la economía canadiense en su conjunto incrementó su riqueza en un 109%, Quebec sólo lo hizo en un 76,6%, por lo que, en términos de renta per cápita, un canadiense medio percibe anualmente 6.000 dólares más que un quebequés. En 1997, tras el segundo referéndum, su PIB se situaba en torno a los 200.000 millones de dólares (similar al de Cataluña en la actualidad), y suponía algo más del 30% de la economía canadiense. Hoy, el peso económico de esta región ha retrocedido al representar el 23,2% del PIB total de Canadá, lo que supone una pérdida de 6,8 puntos porcentuales en 18 años. Si extrapoláramos esta caída a Cataluña, su participación en el PIB español retrocedería del 20% al 15.5%.
Deterioro económico
Estos datos revelan que el deterioro económico de Quebec coincide con el auge del nacionalismo y la inseguridad que éste genera. De hecho, entre 1978 y 1981, tras el anuncio y realización de la primera consulta independentista, 30 de las mayores empresas canadienses abandonaron esta región. Lo que generó consecuencias negativas sobre la inversión, el empleo e incluso su estructura demográfica, con la marcha de decenas de miles de jóvenes.
Durante los últimos 25 años, Quebec ha recibido menos inversión privada que el resto de provincias. La causa de este declive es el coste que la eventual independencia supondría para las empresas al perder el acceso al mercado canadiense y, por tanto, una reducción de sus ventas. Eligiendo otra localización han evitado enfrentarse, entre otros efectos, al rechazo de sus productos en el resto de Canadá, al establecimiento de barreras arancelarias y a la inestabilidad cambiaria. Ante este posible escenario, como es lógico, las empresas prefieren no asumir riegos y actúan en consecuencia, lo que genera efectos negativos sobre el crecimiento económico, la creación de empleo y riqueza, y los ingresos tributarios esenciales para financiar el gasto público.
Respecto al empleo, entre 1981 y 2006, aumentó el 35% en Quebec frente al 49,5% de media en Canadá lo que se traduce en una pérdida de un 26.8% en la creación de puestos de puestos trabajos adicionales en esta región.
Este deterioro del clima empresarial y laboral ha modificado la pirámide demográfica de Quebec. En 1971, esta provincia acogía al 28% de la población canadiense; hoy solo vive en ella el 23%. En el mismo período el segmento de población de 0 a 24 años ha descendido en más de 750.000 personas, motivando que actualmente sea la provincia más envejecida del país. La reducción de la fuerza laboral quebequesa reduce el potencial de crecimiento económico, la recaudación tributaria, y la sostenibilidad del sistema de protección social al implicar más gasto en sanidad y en pensiones con una menor base de cotizantes.
En los últimos 30 años, el deterioro del PIB, la deslocalización de empresas, la reducción de inversión, el menor dinamismo en la creación de empleo, y la pérdida y envejecimiento de la población de Quebec han mermado su capacidad para financiar el gasto público. En dos terceras partes de este periodo el presupuesto quebequés ha presentado déficit, ya que su economía no es capaz de generar los ingresos fiscales suficientes para sufragar los servicios públicos, a pesar de que el pago de pensiones no corre a cargo de la hacienda quebequesa. Estos desequilibrios presupuestarios continuados han generado el crecimiento de la deuda pública, cuyo pago de intereses supone el 11% del gasto público total.
En conclusión, a Quebec le está saliendo muy cara la aventura soberanista y es un buen ejemplo de las consecuencias negativas que el mero planteamiento de la secesión, aun cuando no llegue nunca a materializarse, puede ocasionar a Cataluña. Desgraciadamente algunos indicadores (deslocalización de 3.000 empresas, menores previsiones de crecimiento,…) vienen ya anunciando un progresivo deterioro de la economía catalana. El daño, sin duda, ya está hecho.