(Jueves, 18 de mayo de 2023) Juan Fernández-Aceytuno, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y copresidente del Grupo de Trabajo de Inmobiliario, ha publicado un artículo en el diario Expansión, en el que expone las carencias de la Ley de Vivienda aprobada en el día de ayer por el Senado, como la falta de seguridad jurídica de los propietarios o el impacto en el ahorro del sector inmobiliario.
«Echamos de menos en el debate un análisis de lo que debería estar y no está, de “lo que no se dice” en un ordenamiento legislativo de este calado»
Falta de consenso
Comenta Fernández-Aceytuno que no existe un consenso previo ni con las CCAA, ni con los municipios ni con el sector inmobiliario, financiero y asegurador en la aplicación de la nueva Ley de Vivienda: «El acuerdo previo, tanto con las CCAA de uno y otro signo, como con los ayuntamientos y con la industria, resulta esencial a la hora de legislar sobre competencias de otros, sin olvidar que España sigue siendo un país con elevado porcentaje de propietarios, que también votan».
Falta de seguridad jurídica
El copresidente del Grupo de Trabajo de Inmobiliario del Círculo menciona que, en nuestra Constitución, antes que el derecho a disfrutar de una vivienda, reconoce el expreso derecho a la propiedad privada; sin embargo, la Ley no desarrolla ni incluye ninguna normativa ni protección en relación con la seguridad jurídica de los propietarios: «mientras que a uno parece que se le invita a “comer” al calor de la sopa boba con cuchara de rey, al otro se le trata casi a cuchillo, completando una cubertería legislativa de difícil comprensión que hace que la Ley, finalmente, acabe soportada por palillos».
Además, propone que: «Si de verdad se quiere aportar protección a las familias vulnerables, es el Estado quien debería asegurar al arrendador el cobro de la renta en caso de que aquéllas no pudieran pagarla; y también debería ser el propio Estado, que es quien dispone de los medios adecuados, quien analizase la situación del arrendatario y resolviese el problema, en su caso, con vivienda social alternativa». En relación con los aspectos críticos a la hora de gestionar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda, dice que al menos hay que tener en cuenta tres cosas: «la existencia de un registro de la propiedad transparente y fiel a la realidad, con valor jurídico que permita la protección de los derechos de la propiedad, y que exista un modelo de protección efectiva en caso de ocupación ilegal».
Falta de análisis del mercado de la vivienda
«La Ley no ha incorporado en su redacción un análisis previo sosegado, que estudie las variables de mayor calado que afectan al mercado de la vivienda, entendiéndolo no sólo con un fin cortoplacista, sino como un medio para contribuir también a una pensión digna o a necesidades de dependencia que sin duda surgirán en un futuro»
Señala que cuatro de cada cinco euros de ahorro de los españoles están invertidos en el sector inmobiliario, pero la Ley no estudia la financiación, aseguramiento, sostenibilidad ni la salida de esa inversión, sin tener tampoco en cuenta la importante proporción de baby boomers que tendrán que «licuar» el valor de sus viviendas para hacer frente a una vida más larga y cara en cuidados.
«El valor de la vivienda es volátil, no está garantizado, la calidad de los activos es baja y el tiempo corre en nuestra contra: no vamos a poder vender todos al mismo tiempo al precio actual»
Haciendo un repaso por otros muchos aspectos que la Ley de Vivienda no menciona ni tiene en cuenta (la precariedad de los salarios, el impacto de los tipos de interés, el alquiler vacacional, los impuestos de nueva vivienda,…), dice Fernández-Aceytuno que es «un error de libro» y que está condenada a no cumplir los objetivos que se propone resolver: «si el Estado quiere reducir los precios del alquiler y proteger la a las personas vulnerables, lo que debe hacer es incentivar a aquellos que podrán hacerlo: el 85% de la vivienda social que se ha hecho en España ha sido privada, no pública».
«Insistir en que sólo hace falta vivienda pública es dinamitar la política de vivienda. La Ley debería promover la construcción de vivienda social en colaboración público privada y con seguridad jurídica. Sin silencios»
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