Nuestras empresas están viviendo una fase crítica, especialmente las pequeñas y medianas, así como los autónomos. Cada vez más datos muestran cómo nos adentramos en una profunda recesión de dimensiones desconocidas hasta ahora. La evolución de las curvas de contagios y fallecimientos nos indican que podríamos encontrarnos en la fase de estabilización de la crisis sanitaria, pero la etapa más dura de la económica y social está aún por llegar.
El gobierno ha aprobado una serie de medidas financieras y laborales urgentes tendentes a preservar la actividad de las empresas y el mantenimiento de los empleos para mantener la renta de las familias durante estas semanas de estado de alarma.
Las medidas de liquidez anunciadas por el gobierno, consistentes en una línea de avales a empresas y autónomos por un volumen hasta 100.000 millones de euros, fueron acogidas con esperanza por la comunidad empresarial ante la brusca caída de la actividad económica. Sin embargo, a pesar de la publicación en el BOE del 18 de marzo, su concesión a través del sistema bancario no se ha iniciado hasta el pasado lunes 6 de abril y por un volumen inicial de solo 20.000 millones de euros, la mitad de la demanda existente.
Las medidas de carácter laboral consisten, esencialmente, en una agilización de la aprobación de los ERTEs para favorecer la suspensión transitoria de los empleos. Se estima que hay más de 450.000 expedientes presentados que cubren a cerca de tres millones de trabajadores.
El Gobierno debe mantener en la recámara medidas de apoyo más ambiciosas en estos ámbitos y en otros como el tributario o las transferencias directas a empresas, ya que las vigentes son insuficientes. Y tendrá que empezar cuanto antes a definir, compartir y consensuar el plan de retirada de las medidas restrictivas más apropiado para enfocar y afrontar la decisiva fase de recuperación económica.
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