“España sigue teniendo el mismo número de ayuntamientos que cuando nació Larra”

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Manuel Pérez-Sala GozaloLunes, 6 de junio de 2016

Manuel Pérez Sala Presidente del Comité de Administraciones Públicas del Círculo de Empresarios

Artículo publicado en el diario Expansión

Una Administración Pública, bien dimensionada, eficaz y eficiente es la mejor garantía para el progreso de un país. Todos insistimos en que para mejorar la posición competitiva de España en el mundo es necesario mejorar nuestra productividad, reducir las trabas administrativas y fomentar el emprendimiento. Pero cuando mencionamos estas necesidades no pensamos en la Administración Pública. Hasta ahora se ha hecho un encomiable esfuerzo por eliminar duplicidades y racionalizar las competencias de las Administraciones Públicas, pero este ejercicio no deja de ser una dieta de adelgazamiento para paliar los excesos anteriores. Debemos acometer un profundo cambio en nuestro modelo de Administración Pública, para dejar a nuestros hijos un país donde el “vuelva usted mañana” sea solo una cómica anécdota del pasado. ¿Sabían ustedes que España sigue teniendo el mismo número de ayuntamientos que tenía cuando nació Mariano José de Larra? Les daré mi opinión sobre cómo debería ser la Administración Pública en el futuro y esbozaré dos reformas que, entre otras muchas, es necesario llevar a cabo.

A nosotros nos gustaría conseguir una Administración Pública al servicio exclusivamente de los ciudadanos. Que los recursos obtenidos por el Estado se comprometieran fundamentalmente en servicios y políticas sociales. Que los costes de administración de esos servicios fueran los mínimos necesarios, como en las ONG a las que dirigimos nuestros donativos. Que la capacidad de gasto quede supeditada a los ingresos y que los impuestos sean proporcionados, adecuados a la capacidad económica de cada contribuyente y no expropiatorios. Me gustaría que la Administración Pública fuera honesta, transparente, eficaz, carente de intereses ideológicos o corporativos, que racionalice y optimice el uso de los recursos públicos, que siempre serán escasos en una sociedad que clama más por sus derechos que por sus obligaciones.

Entre las reformas imprescindibles está la reforma de las Corporaciones Locales. La Administración Pública española está organizada en cuatro niveles: Administración Central del Estado, Comunidades Autó- nomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales. Ningún país moderno tiene más de tres niveles. España tiene el mismo número de ayuntamientos que cuando se promulgó la Constitución de 1812, unos 8.100 municipios. Casi todos los paí- ses de Europa han reducido durante los últimos 70 años su número de ayuntamientos y alguno de ellos, dos veces. La supresión de las diputaciones está íntimamente ligada a la reorganización de las corporaciones locales. En una primera fase deberíamos reducir el número de ayuntamientos de 8.100 a 3.500, concentrar en los municipios, cabeceras de áreas comarcales o cabeceras de áreas metropolitanas, de más de 15.000 habitantes los servicios que ahora prestan las diputaciones a los pequeños ayuntamientos. Dentro de 15 años podríamos acometer una segunda reducción del número de ayuntamientos pasando de 3.500 a 1.500. Conseguiríamos eficiencias y economías de escala para disfrutar de mejores servicios públicos y de más atenciones sociales. La colaboración pública-privada también juega un papel muy importante en la nueva concepción de las administraciones locales. Hay que encontrar la forma de que presten los servicios públicos aquellas entidades, públicas o privadas, que sean más eficientes y ofrezcan un coste más razonable. A menor coste, más servicios, y a mayor eficiencia más calidad. Hay que valorar los servicios públicos por sus resultados.

También debemos acometer la reforma del Estatuto del Empleado Público, trazar una línea en el tiempo. Por ejemplo, todos los contratos firmados antes de 2018 se regirían por el actual Estatuto, y todos los contratados posteriores por uno nuevo. Los empleados públicos actuales mantendrían su estatus, aunque no vendría nada mal poner en práctica políticas que incentivaran la movilidad geográfica y funcional a cambio de formación e incentivos. El nuevo Estatuto debería reservar la categoría de funcionario a unos pocos servidores públicos: jueces, secretarios de juzgado, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, cuerpos de técnicos y abogados, diplomáticos… El resto de empleados públicos deberían tener contratos asimilados a los del sector privado, en términos de contratación y remuneración. Que los empleados púbicos orienten su trabajo hacia la consecución de resultados y sean remunerados en consecuencia. Que sus contratos sean más flexibles y adaptables a las necesidades del servicio, que la formación continua y la excelencia sean señas de identidad del nuevo empleado público. Se trata de adaptar el estatus de empleado público a prácticas de otros países europeos, crear un código deontológico del servidor público, que su conducta responda a un claro código ético, que sus actuaciones sean transparentes, eficaces y sujetas a rendición de cuentas. Necesitamos eliminar el clientelismo y que la creación de empleo público sirva a los intereses del administrado y no del administrador.



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