La economía española viene conociendo tasas positivas de crecimiento del PIB desde el tercer trimestre de 2013, pero no se puede afirmar que se haya superado la grave crisis económica desencadenada en 2007, pues, por una parte, el estancamiento de la economía europea y otros riesgos geopolíticos están limitando la intensidad del crecimiento y, por otra, los 5,4 millones de parados; la destrucción de tejido empresarial; el elevado endeudamiento público y privado; o un sistema financiero que no ha concluido el proceso de ajuste, no permiten proclamar que la crisis haya concluido.
Es más, las características de la recuperación cuestionan su solidez. Por una parte porque, a pesar del notable esfuerzo exportador de las empresas españolas, sigue siendo necesario desarrollar un nuevo modelo productivo que genere más valor añadido y empleo. Por otra parte, porque el aumento del consumo en los últimos trimestres está siendo soportado por un gasto de las familias superior a la renta disponible. Y, por otra, porque las estimaciones de crecimiento potencial auguran para el medio plazo un bajo crecimiento por las limitaciones de los factores productivos. Estos hechos ponen de manifiesto que siguen siendo necesarias reformas que faciliten la actividad empresarial y que estimulen una nueva oferta de bienes y servicios basada en la innovación y el conocimiento.