La financiación de las comunidades autónomas
Desde hace meses viene produciéndose un encendido debate en torno a una cuestión de indudable trascendencia política, económica y social: la financiación de la sanidad pública. El proceso ha culminado con la adopción por parte del Estado de un conjunto de medidas presupuestarias y fiscales.
Sin embargo, esta acción del Gobierno es una solución transitoria y adoptada sin introducir cambios en el origen del problema: el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA).Este es el objeto del presente documento; analizar las deficiencias del sistema y realizar propuestas para su mejora.
Además de los desequilibrios en la financiación de la sanidad y de los aspectos políticos, el sistema de financiación autonómica está aquejado de dos grandes problemas: la asimetría en las responsabilidades de ingreso y gasto (y la consecuente tendencia al gasto) y la insuficiente coordinación entre administraciones.
En efecto, el sistema se ha desarrollado de forma asimétrica, primando la descentralización de competencias de gasto frente a las de recaudación. Ello genera incentivos al incremento de gasto de las CCAA, cuyas autoridades no se ven obligadas a hacer frente a la responsabilidad de recaudar ingresos adicionales para financiar dichas decisiones.
Por tanto, uno de los elementos esenciales de la reforma debe ser la profundización de la autonomía financiera de las CCAA. En este sentido, el reciente acuerdo sobre financiación de la sanidad es incompleto, puesto que no conduce a un incremento sustancial de la capacidad de recaudación de las CCAA, ni les asigna explícitamente la responsabilidad de financiación de la parte del incremento de gasto sanitario que se ha derivado de sus propias decisiones de los últimos años.
El Círculo de Empresarios aboga por un sistema de financiación que incremente la corresponsabilidad fiscal de las CCAA, definiendo explícitamente un nivel de bienes y servicios al que todos los ciudadanos tengan accesoindependientemente de su lugar de residencia. Será obligación del Estado dotar a las CCAA de recursos (propios y cedidos) suficientes para ofrecer ese nivel. A partir de ahí, cada una de las Administraciones Públicas debe ser autónoma para determinar la composición y nivel de su gasto, asumiendo que es su responsabilidad recaudar ingresos suficientes para hacer frente a sus decisiones de gasto.
Sin embargo, esta autonomía no requiere poner en cuestión la integridad fiscal del Estado ni, por tanto que se produzca una cesión íntegra a las autonomías de su soberanía en materia de Hacienda general. Es esta una cuestión que ha de ser respetada en el debate sobre las reformas de los Estatutos de las CCAA. La regulación autonómica no puede primar sobre la estatal ni pueden quitarse al Estado sus competencias regulatorias y recaudatorias en el territorio de las CCAA (mucho menos establecer unilateralmente máximos de aportación al sistema).
Así, una generalización de la excepción que constituyen las Comunidades Forales alteraría esencialmente el papel del Estado y del conjunto de las CCAA. La financiación del primero y, en especial, de sus competencias en materia de solidaridad e igualdad de trato de los ciudadanos, dependería de acuerdos bilaterales entre el Estado y cada una de las CCAA, poniendo así en cuestión todo el sistema.
Pero además de revisar el reparto de competencias en ingresos, la reforma debe hacer un especial énfasis en el lado del gasto. Las responsabilidades de gestión son muy importantes, y la eficiencia en este ámbito es la única vía con la que pueden contar las autoridades autonómicas para aumentar su oferta de bienes y servicios públicos sin tener que recurrir a incrementos en sus tributos. Ninguna partida de gasto debe abordarse de manera independiente (como se hace en el acuerdo sobre la sanidad), sino que es preciso que las CCAA tengan una visión integrada de la totalidad de sus gastos. Así, si desean incrementar el peso de una determinada política, deberán abordar la reducción del gasto en otros objetivos o incrementar la presión fiscal que ejercen sobre sus ciudadanos.
La mejora en la gestión del gasto exige abordar el otro gran problema del sistema de financiación: la insuficiente coordinación entre las administraciones. Hasta ahora, el desarrollo del Estado autonómico ha basculado en torno a la descentralización competencial, asignando poca relevancia a la coordinación. Sin embargo, es ésta una cuestión muy relevante para aumentar la eficiencia en la gestión de las competencias e introducir una mayor racionalidad en el gasto.
Nuestro sistema de descentralización administrativa está alcanzando la madurez. Tiempo es incrementar su eficiencia y, sobre todo, dotarle de estabilidad y vocación de permanencia, de manera que se evite su continua revisión.
