Desde el Círculo de Empresarios siempre se ha defendido que la política fiscal ha de favorecer el crecimiento y la competitividad de la economía, fomentar el ahorro y la inversión, promover la libertad económica y no ser obstáculo para la iniciativa empresarial y la prosperidad de los ciudadanos. Esto requiere una planificación presupuestaria plurianual que permita disponer de un marco previsible a medio plazo y que, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes, establezca el nivel de gasto necesario bajo criterios de máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y qué ingresos se precisan para sufragarlo.
En el actual contexto político y económico, de elevada incertidumbre por las implicaciones de la invasión rusa de Ucrania y sin la recuperación consolidada en España, una inflación en cuotas altas, elevados déficit público y nivel de endeudamiento, cualquier política fiscal razonable pasa por un plan de reequilibrio presupuestario público a medio plazo. La corrección debe acometerse mediante una reducción del gasto público improductivo, tras un ejercicio decidido de evaluación de su eficiencia, antes que por un incremento de los ingresos públicos que deriven en una mayor presión fiscal y, en consecuencia, en un esfuerzo fiscal difícil de soportar para el actual nivel de renta per cápita.
La modernización pendiente del sistema tributario ha de guiarse por los principios generales de la fiscalidad: neutralidad, previsibilidad y simplicidad, y observando que su diseño tenga en cuenta la realidad económico-social del país, así como el principio de corresponsabilidad tributaria en las decisiones de gastos y sus implicaciones sobre los ingresos. El sistema tributario debe ser simple, transparente, eficiente y estable, a fin de promover la equidad, la consolidación de las cuentas públicas, y además neutral, para evitar o minimizar las distorsiones que genera la introducción de nuevas figuras impositivas o el incremento de los tipos de las existentes, o bajo el principio de quien contamina paga en el caso de la imposición medioambiental.
Una reforma del sistema tributario ha de evaluar a priori su potencial impacto en la autonomía fiscal y la estabilidad presupuestaria de las Administraciones territoriales y asegurar la unidad de mercado evitando la dispersión normativa, los solapamientos o la doble imposición entre diferentes niveles administrativos. Al tiempo que debe considerar que los cambios frecuentes y la creación de nuevas figuras tributarias para incrementar la recaudación perjudican seriamente a la productividad y competitividad de la economía española.
El hecho de que en la Resolución de creación del Comité de personas expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la reforma tributaria se plantee el argumento de aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros de la UE ha motivado que desde el Círculo de Empresarios se realice un análisis comparativo de la tributación por función económica de los impuestos, para evidenciar que la razón del diferencial en recaudación sobre PIB de España respecto a la UE-27 no es resultado de tipos impositivos inferiores, sino que responde al menor número de contribuyentes, por una elevada tasa de paro, la existencia de un nivel de economía sumergida elevado y una progresividad del sistema por encima de la de países del entorno. El incremento de la presión fiscal provocará el efecto contrario al perseguido, aumentarán los obstáculos a la creación de empleo y la economía sumergida. Una comparativa de esfuerzo fiscal evidencia que en España es superior al de la UE-27 y no justifica una subida de impuestos.
En el ámbito de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo, antes de plantear posibles alzas de tipos marginales debe ponerse atención en la creación de empleo para aumentar el número de bases imponibles. Además, es necesario rebajar las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, superiores a las existentes en la UE-27, para ganar competitividad y eliminar barreras de entrada al mercado de trabajo. En la imposición patrimonial y las rentas del capital no es conveniente mantener figuras impositivas que no existen en el conjunto de Europa o son residuales. Esto lleva a suprimir el impuesto de patrimonio y mantener el impuesto de sucesiones y donaciones generalizando elevadas exenciones para las transmisiones directas y, en particular, para asegurar la sucesión en las empresas familiares y no penalizar el ahorro y la inversión para evitar su deslocalización.
En la imposición sobre el consumo es preciso una simplificación del diseño del IVA, una reasignación de tipos considerando la estructura productiva y su eventual repercusión económica y social, así como la eliminación de restricciones que limitan las inversiones. La recaudación se puede incrementar intensificando la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Y en la imposición medioambiental, se ha de tener presente que su propósito no debe ser el de recaudar, sino el de desincentivar el impacto ambiental bajo el principio de que quien contamina paga.
En estos momentos no se deberían proponer subidas de impuestos. Las armonizaciones fiscales entre figuras y tipos impositivos no deben realizarse entre Administraciones españolas sino entre Administraciones europeas bajo criterios técnicos y racionales que favorezcan una competencia fiscal sana. Es esencial, además, coordinar a nivel internacional, y con alto grado de consenso, los cambios en figuras impositivas sobre las empresas o en materia medioambiental para garantizar su impacto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas y deslocalización de bases impositivas. Esto implica que el Gobierno defina su posición previamente en función de los intereses de la economía española y de sus empresas y los defienda adecuadamente en las negociaciones internacionales.
Una modernización del sistema tributario lleva implícita la mejora de la eficiencia de las AAPP y su relación con los contribuyentes para que estos valoren la calidad de los servicios públicos que obtienen a cambio de sus impuestos. Desde el Círculo de Empresarios se aboga una vez más por promover la cooperación entre la Administración Tributaria y el contribuyente, emplear un lenguaje comprensible, simplificar los trámites para reducir las obligaciones de gestión, o acelerar la resolución de conflictos por las vías administrativa y judicial con mecanismos de resolución alternativa como el arbitraje y la mediación.
