La sociedad contemporánea vive un proceso de extraordinaria transformación, con notables consecuencias en el ámbito energético, sector clave para el progreso socioeconómico. Hasta 2050 se prevé que el PIB global duplique su tamaño y la población mundial alcance 9.800 millones de habitantes. En este contexto, es prioritario abordar la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, impulsando el uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles. Todo ello requiere de un marco regulatorio estable y transparente, que posibilite una transición energética equilibrada y competitiva.
La transición energética se refiere al proceso de descarbonización de la economía que persigue minimizar el impacto y reducir el consumo de energías fósiles a través de su remplazo progresivo por energía renovable y otras con menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y la mejora de la eficiencia energética. Adicionalmente, es necesario fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, como la captura o el uso de emisiones, y la evolución hacia una estructura productiva más sostenible.
Este compromiso con las futuras generaciones es imparable a nivel global y, a su vez, representa una oportunidad para impulsar el crecimiento y el bienestar de los países que lideren la transformación del sistema energético. Un proceso en el que España debe ser un actor clave en esta revolución industrial y tecnológica, no solo para impulsar el progreso económico, sino también para desarrollar soluciones tecnológicas competitivas a nivel mundial. Para ello, es necesaria la puesta en marcha de políticas estructurales transversales que maximicen el impacto económico del proceso y que, además de modificar la generación y el consumo de energía, contribuyan a la transformación de nuestra estructura productiva y del conjunto de la sociedad. Por tanto, la transición energética constituye un catalizador para un nuevo modelo económico más sostenible, en el que se abren nuevas oportunidades de negocio, inversión, innovación, internacionalización y creación de empleo.
Desde el Círculo de Empresarios, como institución de la sociedad civil que persigue el interés general de España, creemos que diseñar una transición energética equilibrada y competitiva precisa una estrategia de país consensuada y con visión de largo plazo. Para ello, es necesario que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se diseñe bajo los principios de buena gobernanza y colaboración institucional, estabilidad y seguridad regulatoria, transparencia y competitividad, eficiencia fiscal, y fomento de la innovación tecnológica. Es decir, debe sentar las bases de un marco regulatorio estable, con una hoja de ruta que transmita seguridad a todos los agentes económicos, y respaldado por los ámbitos político, institucional, empresarial y social de nuestro país.