España afronta un nuevo periodo electoral en el que la incertidumbre y la desaceleración económica definen el entorno nacional e internacional. El primer trimestre de 2019 ha estado marcado por el deterioro de las perspectivas económicas y de la confianza del sector privado (familias y empresas), y el repunte de la incertidumbre global, cuyo índice vuelve a situarse en niveles récord de 2016, principalmente por el impacto de las tensiones comerciales entre EEUU y China, los temores asociados al Brexit, el debilitamiento del orden multilateral, la falta de liderazgo y el auge del populismo. Un contexto internacional al que no es ajeno nuestro país.

En el ámbito político, la sociedad española ha presenciado un hecho sin precedentes en nuestra democracia al celebrarse tres elecciones generales en el periodo natural de una legislatura y la formación de un nuevo Gobierno tras una moción de censura, apoyada por partidos de muy diversa orientación. La XXII Legislatura concluye confirmando la creciente fragmentación y consiguiente inestabilidad y, nuevamente, la falta de voluntad de los partidos políticos para alcanzar grandes acuerdos ante los desafíos socioeconómicos de España.

En lo económico, nuestro país sigue liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas. En concreto, en 2018 el PIB avanzó un 2,6% anual, 0,8 pp por encima de la Eurozona y 0,6 pp de la UE, mostrando así una mayor resistencia a la desaceleración y al deterioro del comercio mundial. Sin embargo, se observa un cambio en la composición de nuestro crecimiento debido a la contribución negativa del sector exterior, tras dos años de aportación positiva. Por su parte, en la demanda interna se moderan el consumo privado y la inversión, mientras que el gasto público, con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, repunta con fuerza vía Real Decreto Ley. Las nuevas medidas fiscales y de gasto generan incertidumbre, a la vez que elevan la presión fiscal sobre las familias y las empresas, impactando negativamente en su capacidad de ahorrar, consumir e invertir. Asimismo, el elevado déficit estructural y el fuerte aumento del volumen de deuda pública ponen en riesgo el equilibrio intergeneracional. A ello se une el deterioro de la seguridad jurídica ante la falta de estabilidad del marco regulatorio de nuestro país, siendo ésta un elemento clave en la toma de decisiones del sector privado. Por tanto, la falta de rigor presupuestario, el giro de la política económica del Gobierno y la ausencia de nuevos avances en la competitividad ralentizan la creación de empleo y frenan la necesaria consolidación fiscal.

Ante un 2019 que se vislumbra como un año de menor avance económico, debido a estos riesgos nacionales e internacionales presentes a corto y medio plazo, el futuro Gobierno debería acordar una agenda económica con objetivos realistas que permita mantener la senda de crecimiento y acelere la reducción del peso de la deuda pública hasta alcanzar niveles que aseguren la sostenibilidad futura del Estado de Bienestar. Por ello, como ya advirtió el Círculo de Empresarios en su “Carta a los futuros legisladores y gobernantes” en 2015, es urgente recuperar la visión estratégica y dotar de mayor estabilidad al ciclo político para impulsar las reformas que permitan generar un crecimiento sostenible e integrador y adaptar nuestro país a las transformaciones globales.

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