El Círculo de Empresarios ha emitido su tradicional Toma de Posición sobre el Presupuesto en la que subraya la importancia de que el Gobierno español presente el proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2026. La organización empresarial advierte que una tercera prórroga de las cuentas públicas sería un lastre negativo para la economía española y un fallo en el funcionamiento ordinario de la democracia parlamentaria.
Mediante la publicación de esta Toma de Posición, se subraya que los presupuestos son una herramienta esencial de Gobierno para el poder ejecutivo y el legislativo. El fracaso en su aprobación o una nueva prórroga no debe considerarse una mera contingencia política, sino un factor de deterioro de calidad institucional en España. Y añade que, si el Gobierno no consigue superar el bloqueo de sus socios, es un imperativo moral y político convocar elecciones generales para superar la situación.
Un imperativo económico y político
Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios, afirma que “en la situación actual, nos encontramos ante una anomalía política y constitucional que priva al país del debate presupuestario y del compromiso que exige su aprobación. El bloqueo del Gobierno al que le someten sus socios para impulsar la legislación que los tiempos de cambio actual exigen tiene un elevado coste para España, aplazando las reformas que necesitamos como país, lo que genera mayor incertidumbre, menor inversión y el estancamiento de proyectos estratégicos”.
Según la Toma de Posición, los presupuestos de 2023 actualmente vigentes están obsoletos porque fueron concebidos para un ciclo económico y un contexto geopolítico diferente. Ante el nuevo panorama internacional, marcado por la guerra de Ucrania y el cambio en la política de apoyo de Estados Unidos a Europa, España, como cuarta economía de la zona euro, debe impulsar unas cuentas que refuercen la competitividad, la Defensa y la autonomía estratégica del país, garantizando así la sostenibilidad económica y financiera del Estado de Bienestar.
Debilidades estructurales y desafíos urgentes
El Círculo de Empresarios recuerda que la coyuntura favorable de los últimos años no se ha aprovechado para corregir las debilidades estructurales de la economía española y reitera la necesidad de racionalizar el gasto público, sometido a tensión creciente por la carga de intereses de la Deuda Pública y el Déficit de Pensiones, modernizar los servicios básicos y garantizar la sostenibilidad del Estado Social de Derecho. Advierten que, sin unos nuevos presupuestos, estas transformaciones se posponen, ensanchando la brecha de competitividad y comprometiendo la viabilidad financiera de las cuentas públicas y la economía del país en general.
• Disciplina fiscal: la deuda pública en España supera los 1,6 billones de euros y el 100% del PIB. A su vez, el gasto asociado a los intereses de la deuda ha superado los 40 mil millones de euros. Incurrir en déficits estructurales en años de crecimiento razonable reduce el margen de maniobra ante futuras recesiones y crisis.
• Actualización de los tramos del IRPF: se señala que la falta de indexación de los tramos ha permitido al Gobierno aumentar la recaudación mediante la «progresividad en frío», perjudicando desproporcionadamente a las clases medias.
• Gestión de los fondos europeos: se alerta de que España podría no acceder plenamente a los fondos Next Generation si no cumple con las reformas comprometidas con la Comisión Europea. Unos potenciales presupuestos deben promover y facilitar las reformas necesarias, así como el buen uso de los fondos.
La experiencia de la democracia española con ideologías diferentes o extremistas y grupos parlamentarios ajenos al ejecutivo no ofrece un balance satisfactorio en materia de Presupuestos Generales del Estado, que es la principal herramienta de política económica.
En conclusión, una prórroga presupuestaria se puede llegar a entender; dos prórrogas son una mala señal y una tercera forzada por socios de gobierno con intereses no alineados con los generales del Estado, de consumarse, debe conducir al Gobierno a convocar elecciones generales.
