Resumen ejecutivo

• Analizados los PGE 2019, como ya manifestamos en noviembre, el Círculo de Empresarios reitera su estimación de que existe un desfase negativo del total de ingresos presupuestados de en torno a 10.000 millones de euros, que coincide con las recientes estimaciones del Banco de España (8.500 millones de euros) y la AIReF (11.000 millones de euros).

• El proyecto de PGE confirma que la política económica del Gobierno carece de visión estratégica al ignorar los retos tecnológicos y demográficos que se perfilan a medio plazo, y la desaceleración económica e incertidumbres que se proyectan a lo largo de 2019.

En concreto:

> A nivel global, los principales organismos internacionales han revisado sus previsiones de crecimiento a la baja principalmente por los riesgos a corto plazo asociados a las tensiones comerciales, la indeterminación en la solución final del Brexit, la ralentización económica prevista en EEUU, China y las principales economías europeas, con Italia oficialmente en recesión, y las posibles tensiones financieras vinculadas en parte al proceso de normalización de la política monetaria.

> A nivel nacional se consolida el cambio de fase del ciclo económico. Se prevé un menor crecimiento, en torno al 2,1% en 2019, apoyado únicamente por el avance de la demanda interna en la que se reduce la aportación del consumo privado y la inversión.

• A su vez, la falta de prudencia y de rigor presupuestario se refleja en que el Gobierno ha presentado un presupuesto de gastos públicos claramente expansivo, arriesgando la necesaria consolidación fiscal de la economía española al estar sustentada en una
proyección sobreestimada del total de ingresos.

• En un contexto en el que el Gobierno de España ha perdido un año en acelerar el proceso de consolidación fiscal, se prevé que 2018 cierre con un déficit público de 2,7% del PIB, 0,5 pp por encima de la senda establecida en los PGE 2018. Esta falta de rigor
presupuestario exigirá en 2019 un ajuste superior a 16.300 millones de euros (1,3% del PIB), representando el mayor esfuerzo de consolidación fiscal tras el realizado en 2017, año en el que la economía española creció al 3,1% en términos reales.
Actualmente, España mantiene un elevado nivel de deuda pública (98,3% del PIB) y un déficit estructural del 3,1% del PIB, siendo la única economía de la Eurozona que, junto a Francia, no ha logrado alcanzar un superávit primario. Además, es el segundo país de
la Eurozona que más ha incrementado su deuda pública entre el 3T 2017 y el 3T 2018, en 42.327 millones de euros (3,5% del PIB).

• Por el lado de los ingresos públicos, los PGE presentan una estimación de la recaudación poco realista, con un incremento de los ingresos no financieros del 8,1% (hasta 253.101 millones de euros) respecto a la previsión de liquidación de 2018 y de los ingresos tributarios del 9,5%, 2,5 veces más que el crecimiento nominal de la economía. Sin embargo, con un crecimiento nominal previsto del 3,8% del PIB y siendo la correlación ingresos-crecimiento nominal de 1,1, los ingresos tributarios, incluyendo los estimados por el aumento de la presión fiscal, se situarían en torno a los 14.300 millones de euros, un 27% inferior a lo reflejado en los PGE 2019 (19.746 millones de euros), lo que representa un desfase de 5.446 millones de euros.

• Una proyección tributaria sobreestimada entre otros factores porque:

> Desde 2014 se han producido unos ingresos fiscales medios anuales inferiores en 6.395 millones de euros a los presupuestados.
o Incluye la recaudación de dos nuevas figuras tributarias, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que están pendientes de aprobación y que, en caso de aplicarse, no estarán en vigor el ejercicio completo.

> En la recaudación del IVA, el Gobierno está considerando 13 meses, incluyendo la recaudación de diciembre de 2018, obteniendo 4.595 millones de euros adicionales. Según la Comisión Europea, la AIReF y el Banco de España, este ajuste no es válido ya que sólo pueden contabilizarse 12 meses.

> La AIReF calcula un desfase en la estimación de ingresos tributarios de entre 2.400 y 3.000 millones de euros, principalmente por la sobreestimación del impacto recaudatorio de las nuevas medidas tributarias.

• Por el lado del gasto público, dos tercios del presupuesto de gasto público se destinan al pago del servicio de la deuda y a gasto social (209.510 millones de euros, equivalente al 16,7% del PIB), presupuestándose un incremento de 12.560 millones de euros de esta última partida a costa de aumentar la presión fiscal a familias y empresas, y sin apostar por medidas que mejoren la eficiencia de las AAPP.

• Se confirma la escasa reducción del servicio de la deuda tras un ciclo expansivo, apoyado por la política monetaria expansiva del BCE. Según los PGE 2019, el pago por intereses de la deuda tan sólo se reducirá en 149 millones de euros respecto a 2018, hasta 31.398 millones de euros (2,5% del PIB), que representa el 8,6% del total de gasto público. Esta cifra representa 4,2 veces más que lo presupuestado en la política de gasto de I+D+i, 5,4 veces más que en la de Industria y Energía y 34,6 veces más que en la de Comercio, Turismo y PYME, partidas estratégicas para la transformación del modelo productivo español hacia uno que genere mayor valor añadido y estabilidad en el empleo.

• Preocupa el déficit estructural de la Seguridad Social (1,5% del PIB), situación que pone de manifiesto el problema de sostenibilidad futura del sistema de pensiones. La AIReF, prevé que hasta 2048 el gasto estructural del sistema aumente entre 2 y 4 puntos del PIB, circunstancia que en ausencia de reformas triplicaría el actual déficit del sistema, situándose su nivel de deuda en un 48,7% del PIB, frente al 4,5% actual, con graves consecuencias en la cohesión social.
En este escenario, si bien apoyamos garantizar los ingresos y las condiciones de las pensiones más bajas, consideramos que volver a indexarlas al IPC supone un error de cara a la sostenibilidad del sistema, cuya carga tendrán que afrontar las generaciones futuras.

• Por tanto, la falta de rigor presupuestario del Gobierno en los PGE 2019 provocaría, de situarse el déficit en el 2,2% del PIB frente al objetivo fijado del 1,3%, la necesidad de aumentar la emisión de deuda pública por valor de aproximadamente 11.300 millones de euros. Una nueva carga que no sólo incrementa el abultado nivel de endeudamiento de la economía española, sino que también rompe el principio de solidaridad intergeneracional.

• En el Círculo de Empresarios preocupa el incremento de la presión fiscal y la creación de nuevos impuestos en un contexto en que se confirma la desaceleración económica, la moderación a la baja de los beneficios empresariales, la menor generación de empleo, la ralentización en la entrada de turistas debida a las peores perspectivas económicas de los principales países emisores y las incertidumbres asociadas al Brexit.
Un entorno incierto en el que la mayor presión fiscal sobre las empresas reduce su capacidad de crecer, internacionalizarse, innovar, invertir, crear empleo y formar al talento. Además, la falta de estabilidad política y los cambios normativos constantes deterioran la seguridad jurídica y generan incertidumbre en el conjunto del sector privado. Su impacto directo sobre las decisiones de consumo, ahorro e inversión familiares y empresariales tendrá efectos negativos sobre la demanda interna, el crecimiento económico y, por tanto, el empleo.

• La política presupuestaria del Gobierno incrementa la presión fiscal, olvidando que han sido las empresas y sus trabajadores los que han impulsado el crecimiento del peso de las exportaciones de España del 22% del PIB en 2007 al 34,1% en 2017, favoreciendo la
mejora de la competitividad y la recuperación de la economía española en un contexto en el que se mantiene un elevado nivel de endeudamiento.

• Para transformar estructuralmente el modelo productivo es importante contar con un buen sistema educativo, políticas activas de empleo eficientes, generación de I+D+i, atracción de inversión extranjera, creación y crecimiento de las empresas y fomento de la natalidad, e impulsar la eficiencia de las AAPP, la seguridad jurídica y la lucha contra la economía sumergida. Nada de esto se recoge en los PGE 2019, ya que se recurre a viejas recetas que no responden a nuestro patrón demográfico ni al proceso de transformación tecnológico que exigen consensuar las grandes reformas que España necesita.

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