Javier Vega de Seoane es Presidente del Círculo de Empresarios, DKV Seguros y Fujitsu
El marco institucional desempeña un papel fundamental en las economías modernas. Aquellos países que cuentan con uno de calidad disfrutan de altos niveles de renta per cápita y de mayores niveles de bienestar. Hay una clara correlación entre la calidad institucional y la capacidad competitiva de las naciones
La calidad institucional permite, además, la generación de un marco social en el que se minimiza la desigualdad de oportunidades, elemento principal y origen del problema de desigualdad que está sufriendo nuestra sociedad. Genera un entorno de seguridad jurídica que facilita el desarrollo de los negocios, permite una dinámica más activa en el campo de las transacciones económicas y garantiza el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad privada, alentando todo ello el ahorro y la inversión nacional y extranjera.
En el caso español, en particular, el contar con un marco institucional de calidad adquiere una relevancia especial ante la magnitud de los desafíos económicos que debe afrontar nuestro país. La reducción del paro a los niveles previos a la crisis, el desarrollo de un tejido empresarial que permita la creación de empleo de calidad y la adaptación de nuestro sistema productivo a los cambios tecnológicos acelerados que impone la competencia global, son solo algunos ejemplos de los importantes retos económicos que aguardan a nuestro país. Para superarlos, es esencial contar con las mejores instituciones.
Hemos avanzado mucho en la creación de ese marco institucional. La llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución de 1978, la adhesión a la UE, los procesos de liberalización y desregulación, las privatizaciones, la descentralización administrativa y la modernización de las políticas públicas, el desarrollo de un sistema universal de la salud, de educación y de previsión social, son todos ellos elementos fundamentales en la gran mejoría que ha registrado el marco institucional y el Estado de bienestar en nuestro país. Pero queda aún mucho por hacer en este contexto de competencia global.
Según el índice de libertad económica que elabora anualmente la Heritage Foundation —que mide la calidad del marco institucional y permite realizar comparaciones a nivel mundial— España ocupa el puesto 46 en la clasificación mundial y tiene un grado de libertad económica moderado. Dicho de otra forma, tenemos muchas fortalezas, pero también algunas debilidades importantes que hay que corregir para poder desplegar al máximo nuestra capacidad de crecimiento y de mejora del bienestar de la sociedad.
En estos momentos, la primera preocupación en relación con el marco institucional es, sin duda, el sentimiento de desconfianza generalizada hacia el Gobierno, o, mejor, dicho, hacia la política y los políticos, que se ha asentado en la sociedad española. Los casos de corrupción vividos en los últimos años han minado la credibilidad del sistema político en su conjunto.
Aunque la imagen del empresario está siendo más valorada, determinados casos, incluso si son aislados, generan en la sociedad desconfianza hacia quienes tenemos la misión social de crear riqueza y empleo y, a la postre, sostener el Estado de bienestar que tanto nos ha costado lograr, por lo que es necesario que se generalicen los comportamientos éticos en el mundo empresarial.
La creciente desafección de los ciudadanos hacia la clase política, y los dirigentes en general, puede tener consecuencias muy negativas, también para la economía. Si de esa desconfianza se deriva una fragmentación excesiva del mapa político, y una falta de apoyo ciudadano al proyecto común, no conseguiremos vertebrar la sociedad y se pondrá en riesgo la gobernabilidad del país. Ese escenario dificultaría la adopción de las medidas y reformas estructurales que necesita la economía española para poder desplegar todo su potencial de crecimiento, generación de empleo y creación de riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad.
Para corregir esta situación es preciso adoptar medidas que restauren la confianza de la sociedad en sus gobernantes y líderes institucionales y empresariales. Para ello es fundamental el incremento de la transparencia en todos los niveles de la Administración y de las empresas y en todos los ámbitos de lo público, lo político y lo privado.
Además, habría que introducir cambios en la normativa electoral para avanzar hacia un sistema en el que la elección de un cargo público dependa más directamente del voto ciudadano y menos de los órganos centrales de los partidos políticos, como viene pidiendo el Círculo de Empresarios desde su creación.
Un marco institucional de calidad en España precisa, asimismo, de un modelo de Estado estable, evitando una dinámica reivindicativa sin un final determinado, que produce grandes pérdidas de energía y desencuentros emocionales que perturban el necesario proceso de vertebración de la sociedad. Por ello, la tarea más urgente consistiría en cerrar de una vez por todas el modelo autonómico, definiendo con claridad cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las autonomías, buscando fórmulas racionales y equitativas que posibiliten la convivencia en armonía y evitando costosas duplicidades competenciales y fragmentaciones de mercado que conviene eliminar cuanto antes.
La justicia es otro de los elementos que precisan de una clara mejoría. Si la finalidad de un marco institucional de calidad es garantizar la seguridad jurídica de manera efectiva, la lentitud de la justicia juega en su contra. Las medidas introducidas para potenciar el arbitraje y la mediación, van en la buena dirección. Pero es preciso aumentar todavía más la eficiencia del sistema judicial para reducir la incertidumbre sobre el tiempo de espera hasta obtener una resolución e incrementar la seguridad jurídica, con los consiguientes efectos positivos para la actividad económica. La justicia es uno de los poderes del Estado, cuya independencia es, y debe ser, un derecho de los ciudadanos.
Lo mismo cabe decir de los entes reguladores. Su papel es fundamental para el buen funcionamiento de la economía y la defensa efectiva de los derechos de propiedad y de las reglas del mercado. Por ello es preciso dotar a los reguladores de la necesaria independencia frente al poder político, y a los agentes de los sectores regulados.
El actual sistema de regulación en España es, además, descoordinado, con infinidad de agentes con capacidad de regular, lo que, en la práctica, socava la unidad de mercado y la libertad económica pues conduce con demasiada frecuencia a regulaciones de cariz intervencionista. Ante esta situación, se impone la necesidad de alguna forma de coordinación que garantice la unidad de mercado e impida una intervención reguladora excesiva y contraproducente.
Los problemas del marco regulatorio afectan también al mercado de trabajo. Su regulación ha propiciado un modelo de relaciones laborales dotado de notable rigidez que ha tenido como consecuencia que la adaptación a las nuevas circunstancias económicas no se haya producido a través de medidas que sí se han desarrollado en otros países, más relacionadas con la flexibilidad interna (adaptación de jornada, de salario, movilidad funcional, etc.). Las recientes reformas van sin duda en la buena dirección, aunque los altos niveles de desempleo que seguimos teniendo en nuestro país justifican por sí solos la necesidad de profundizarlas.
Si estas reformas se ponen en marcha, el marco institucional español mejorará de forma sensible. Esto será de gran ayuda para que la economía española pueda afrontar con garantías de éxito los grandes retos que tiene en estos momentos.
DOCUMENTACIÓN
Artículo publicado en el libro ’12 estrategias para cambiar un país’