Una versión más reducida de este artículo se ha publicado en ABC
Iñigo Sagardoy es Presidente de Sagardoy Abogados y Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios
Resulta muy complejo resumir con breves palabras la problemática de nuestro actual sistema de pensiones. No digamos ya, exponer las posibles propuestas a la imprescindible Reforma que todos los expertos coinciden como necesaria si queremos que se siga cumpliendo en nuestro país el viejo refrán “el que tuvo, retuvo”.
Se podría comenzar señalando que la previsión de gasto en pensiones para el año que viene será de casi 133 mil millones de Euros y los ingresos previstos en ese mismo periodo –sólo por cotizaciones sociales- serán de 118 mil millones. Pero este déficit que podría entenderse a día de hoy como estructural (no transitorio) se puede complicar en los próximos años si tenemos en cuenta los factores que influyen directamente en el sistema: incremento de la esperanza de vida (a un ritmo de 16 meses cada 10 años); aumento del número de pensionistas (9,5 millones aproximadamente en la actualidad frente a 15 millones en los próximos 30 años); caída de la natalidad (que no cubre la tasa de reemplazo generacional necesaria de 2,1 hijos por cada mujer) y una reducción del número de afiliados derivado de unos años de crisis prolongados. Todo ello hace –siguiendo a R.Doménech- que para mantener la generosidad del actual sistema público de pensiones se necesitaría que la ratio de cotizantes sobre pensionistas se mantuviera en los límites actuales, por lo que el número de afiliados a la Seguridad Social debería aumentar en las próximas décadas hasta 27 millones. Esto supone crear casi 3 millones de nuevos empleos por cada década. Todo ello nos da una idea de que tenemos un reto por delante de proporciones no menores y cuyo debate no se puede obviar, ni siquiera por los más optimistas. Ahora bien, ¿existen soluciones?
El Gobierno actuó hace poco con una reforma urgente para tratar de corregir estos desequilibrios introduciendo dos conceptos (el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones) que van a conseguir un objetivo loable de equilibrio presupuestario, equidad intergeneracional y mayor transparencia, evitando el sometimiento del sistema a los vaivenes políticos. Con ello, y siguiendo las proyecciones recientes del BBVA Research, a medio y largo plazo, las pensiones serán adecuadas y suficientes. No obstante lo anterior, debemos acometer cambios estructurales en nuestro sistema de pensiones, de forma consensuada, si no queremos que este debate sea permanente en España. Los riesgos son muy altos. Sin ánimo de ser exhaustivos en estas líneas, la primera gran transformación debería ser la creación de empleo sostenible (esa es realmente la medida estrella y la más necesaria) y la que generará ingresos recurrentes eliminando el déficit. Una vez estabilizado nuestro mercado de trabajo se podrán analizar medidas paramétricas (cambios en la edad de jubilación, acercamiento de la edad de jubilación real a la legal, etc…) y de mayor calado (¿inicio de un sistema mixto de capitalización y de reparto?), dónde podamos introducir un apoyo decidido a planes complementarios –privados- de pensiones si ello fuera posible. En fin, todavía queda camino por recorrer y conseguir que nuestras pensiones sean un verdadero apoyo a nuestra vejez y no un escenario de inquietudes y sorpresas continuas.