Artículo publicado en Expansión
Antonio González-Adalid es miembro de Comité de Energía del Círculo de Empresarios.
La competencia mundial por los recursos energéticos se está intensificando en las últimas décadas con la llegada del desarrollo económico a amplias zonas del mundo. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de energía aumentará el 33% de aquí a 2035. Este aumento global se deberá, en esencia, a las economías emergentes, en especial China, India, Sudeste Asiático y Oriente Medio.
A todo esto hay que añadir otros elementos que condicionan el acceso a las fuentes de energía. Cada vez es más difícil el acceso a algunos recursos energéticos debido a su localización. Al mismo tiempo, las incertidumbres geopolíticas constituyen una amenaza potencial muy importante para ese acceso. Y por otra parte está la preocupación creciente por la sostenibilidad ambiental del modelo energético global.
España es uno de los países más afectados por esta nueva situación. Según los datos de Eurostat, España necesita importar el 70,5% de la energía que consume, frente al 53,2% de media comunitaria. Además, nuestro país es dependiente casi al 100% de las importaciones en sus dos principales fuentes de energía primaria, el petróleo y el gas. El abastecimiento energético, por tanto, es uno de los mayores desafíos económicos a los que nos enfrentamos.
Desde el Círculo de Empresarios queremos plantear propuestas para contribuir a encarar el reto al que se enfrentan los sistemas energéticos español y europeo. Estas propuestas pretenden avanzar en los tres ejes que constituyen las políticas energéticas europeas: la mejora de la competitividad económica, el incremento de la seguridad del suministro y el aumento de la sostenibilidad medioambiental.
Un elemento fundamental en esta estrategia es la promoción de la eficiencia energética. Gracias a ella se puede abaratar la factura energética, reducir la dependencia y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La selección de medidas de eficiencia energética debe fundamentarse en un análisis del coste/inversión/beneficio de cada una de ellas. Las principales medidas de eficiencia pasarán por incrementar la eficiencia energética en edificios públicos, particulares y comerciales -iluminación, climatización, aislamiento-, en procesos industriales intensivos energéticamente -renovación de motores, calderas y cogeneración- y en la movilidad y el transporte – renovación del parque móvil incorporando nuevas tecnologías de motores, impulso de transporte colectivo de pasajeros y de mercancías por ferrocarril.
España, además, ha hecho una apuesta importante por las energías renovables. Nuestro alto nivel de dependencia energética hace más necesaria esta apuesta por recursos autóctonos inagotables, como el viento, el sol o el agua. De cara al futuro, los responsables de la política energética tienen que garantizar que esta evolución se traduzca en un mayor desarrollo de las tecnologías renovables más maduras y eficientes.
Por lo que se refiere al gas, España puede ser un importante punto de entrada en Europa del gas procedente de Argelia, gracias a su posición geográfica, su red de gasoductos y el papel relevante que juega el gas licuado en el mercado gasista español. Sin embargo, para que esto pueda ser realidad, será necesario que se incremente la capacidad de interconexión entre la península Ibérica y Francia. Además, es necesario crear en España un mercado organizado de gas (“hub”), equivalente al de otros países, donde se visualicen y publiquen de forma transparente precios de referencia para el mercado diario y a plazo de gas. Estás señales de precio serán significativas y ayudaran a reforzar la competitividad de las empresas españolas frente a sus homólogas en Europa.
En el contexto energético actual, resulta de gran importancia poder contar con los recursos autóctonos convencionales para contribuir a la mejora de la balanza comercial. Para ello, se necesita incrementar los esfuerzos conjuntos de la administración y la empresa privada en la localización y valoración de estos recursos, así como un estricto cumplimiento de los requisitos medioambientales que hagan sostenible el acceso y la extracción de los mismos. En el caso concreto de la energía nuclear, es necesario reflexionar sobre la extensión de la vida útil de las centrales existentes.
A su vez, los combustibles fósiles locales no convencionales (‘shale gas’) permitirían reemplazar los combustibles importados y reducir así la dependencia energética. Su factibilidad vendrá condicionada por la desaparición de una serie de barreras en torno a la competitividad en coste, así como por la adecuada comunicación a la sociedad sobre las medidas de protección al medio ambiente que la explotación de los combustibles no convencionales tiene que llevar aparejada.
Por último, es preciso incrementar la interconexión energética con Europa. España es considerada una “isla energética” (nuestra interconexión eléctrica se sitúa en el 3% de la potencia instalada) y esto incrementa nuestros costes de cara a lograr un aprovisionamiento energético seguro y sostenible. Al mismo tiempo, impide a Europa beneficiarse de la situación privilegiada de España -frente al gas importado de Argelia y al GNL o la capacidad instalada de renovables- y a España, utilizar con mayor eficiencia esa capacidad ya instalada.
Estabilidad regulatoria
Las líneas de actuación anteriores deberían encuadrarse en un marco regulatorio que favorezca la estabilidad, una visión pro-mercado y pro-competencia, la transparencia en España y en los países de la Unión Europea y la rebaja de impuestos y cargas regulatorias para todos los consumidores.
La estabilidad en el marco legal y regulatorio, debería ir acompañada de un procedimiento transparente y predecible para cambios futuros. En este sentido es muy importante que los partidos políticos lleguen a un pacto sobre política energética y de cambio climático, evitando modificaciones recurrentes vinculadas al ciclo político.
Respecto a la visión pro-mercado y pro-competencia, es necesario identificar todo tipo de subsidios e incentivos existentes y limitar su impacto al mínimo posible, en especial aquellos que distorsionen los mercados.
La transparencia respecto a los costes de suministro, impuestos, cargas y exenciones se considera como la mejor forma de promover la competencia leal, la innovación y la competitividad sostenible en mercados globales. Al mismo tiempo se debería pensar en una reducción o eliminación de cargas e impuestos para todos los consumidores y agentes.