Mónica de Oriol es Presidente Círculo de Empresarios
Lo mejor de las exigencias o recomendaciones de política económica que Bruselas le acaba de hacer al Gobierno español es que tienen fecha.
No se trata de medidas que se sugieren para abordar cuando nos venga bien, sino que hay que ponerse a ellas de inmediato.
Son deberes ineludibles y, además, son urgentes. Sobre la mayoría de las mismas el Círculo de Empresarios, a través de diversos documentos, se ha pronunciado en numerosas ocasiones y en términos muy parecidos, por no decir idénticos, a como lo ha hecho la Comisión Europea. Como es lógico a ésta le van hacer más caso que a nosotros, que llevamos años reclamando la mayoría de estas medidas. Sobre todo porque su aplicación es condición sine qua non para que Bruselas permita unos cumplimientos del déficit más relajados para este año (6,5%) y el próximo (5,8%).
Hay cuestiones, sin embargo, sobre las que nuestra opinión va un poco más allá de las recomendaciones anunciadas por el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. En el tema de las pensiones, por ejemplo, es obvia la necesidad de introducir medidas que permitan la sostenibilidad del sistema. Pero las medidas que se centran en la modificación de cálculos paramétricos sólo son parches. El Círculo ha pedido por ello en repetidas ocasiones que las pensiones se calculen en base a lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral pero también que se reforme el sistema de manera integral transitando hacia un modelo en el que convivan el reparto y la capitalización (El sistema de pensiones: propuesta para una reforma necesaria, junio de 2009). Esto, unido a un incentivo fiscal real al ahorro en planes de pensiones privados, contribuiría sin duda a garantizar en el futuro unas pensiones dignas.
A esta reforma paramétrica de las pensiones se le pone fecha de diciembre de 2013, es decir, dentro de escasos meses. La misma fecha que se establece para introducir reformas en el sistema educativo que ayuden a frenar los niveles actuales de abandono escolar prematuro (Hacia un nuevo sistema educativo: bases para la mejora de la enseñanza obligatoria, julio de 2006). Y hay que reformar también la formación profesional, pues una formación profesional de calidad y adaptada a las cambiantes demandas del mercado, debería convertirse en uno de los catalizadores del cambio de patrón competitivo que tanto necesita la economía española (Formación Profesional: una necesidad para la empresa, marzo de 2007).
Coinciden plenamente las recomendaciones del Círculo en materia de sistema sanitatio con las exigencias de Bruselas, que se fijan para enero de 2014. Hace casi un año valoramos positivamente el sistema sanitario actual insistiendo en la necesidad de introducir cambios para que siga siendo eficaz en el futuro. En ese sentido son imprescindibles las políticas de gestión de la demanda como la introducción del copago hospitalario que pide Bruselas, y las medidas orientadas a la introducción de competencia y de capacidad de elección de los usuarios, que pedimos nosotros, pues son este tipo de medidas las que más efecto tienen sobre la contención del gasto sanitario. (Hacia un sistema sanitario sostenible (II), julio de 2012).
Respecto a la reforma fiscal, se le pide al Gobierno que revise su estrategia y explore el margen existente para modificar el IVA. Ya en su día nosotros planteamos la inconveniencia de subir IRPF antes que IVA. Los impuestos directos (IRPF, cotizaciones sociales…) gravan la producción nacional y nos restan competitividad, mientras que la imposición indirecta (IVA) no tiene ese efecto. Pero además, nosotros planteamos que antes de subir cualquier impuesto tiene que quedar demostrado que se ha hecho un esfuerzo importante en la reducción del gasto público, especialmente en el gasto operativo de las administraciones públicas. Y es que no se puede exigir austeridad a los ciudadanos si no se predica con el ejemplo. (PGE 2013: la hora de las Administraciones Territoriales, octubre de 2012).
Nuestra competitividad como país no depende únicamente de que tengamos empresas competitivas, sino también de contar con una Administración eficiente, más reducida y volcada en el fomento de la actividad exterior. En estos momentos, excluidas transferencias sociales e intereses de la deuda, dos tercios del gasto público se centran en las Administraciones Territoriales.
La reducción del gasto público en España es si cabe más acuciante que en otros países vecinos europeos porque, aunque el problema del déficit público sea común, Italia, por ejemplo, tiene superávit primario. Es decir, que si no tuviera deuda no tendría déficit público. Nosotros, sin embargo, incluso si no tuviéramos deuda seguiríamos teniendo un elevado déficit.
En la reforma de la administración pública, mejorando la eficiencia y la calidad del gasto público, está casi todo por hacer. Desde ahora y hasta marzo de 2014 se deberán ir dando pasos decisivos en este sentido. La reforma de la Administración local, en la que el Círculo ha pedido una reducción significativa del número de ayuntamientos, es compleja pero ineludible. Como lo es la eliminación de agencias y fundaciones públicas innecesarias o televisiones públicas altamente deficitarias. O la desamortización de inmuebles urbanos y rústicos que convierten a nuestra Administración en el mayor latifundista de Europa. (Administraciones Territoriales: propuesta para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado, abril de 2011).
De todas las exigencias la más cercana en el tiempo para su cumplimiento es la de la reforma laboral que, en nuestra opinión, se quedó corta en su momento aunque se orientó en la dirección correcta. Se le pide al Gobierno que evalúe los efectos de su reforma para julio y proponga modificaciones para septiembre “si es necesario”. Nosotros creemos que sí, que será necesario, pues quedan todavía cosas por hacer en la simplificación de las modalidades de contrato y, como reclama Bruselas, en la reforma de las políticas activas de empleo y en la modernización de los servicios públicos para garantizar una asistencia efectiva a los parados (Nuevas soluciones para crear empleo, marzo de 2009).
Unidad de mercado
También es urgente e inmediata para Bruselas la liberalización del mercado pues la mejora de la competitividad requiere la aplicación urgente de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que nosotros hemos venido sugiriendo desde tiempo inmemorial. La simplificación de los trámites para la creación de empresas es algo que la recientemente anunciada Ley de Emprendedores no acaba de resolver. Primero porque habrán de pasar meses hasta que la Ley entre en vigor, y segundo porque lo inicialmente propuesto por el Gobierno, en cuanto a plazos para crear una empresa y coste mínimo de esa creación, no cumple con las expectativas creadas. Habrá que esperar al trámite parlamentario para ver si se concretan algunas mejoras. La presión en este sentido de Bruselas ayudará sin duda a ello. Por otra parte, en paralelo a la reducción de trámites para la creación de empresas hay que reducir la burocracia y la regulación en la actividad diaria de la empresa, pues la facilidad en su nacimiento no asegura su supervivencia (La Ley de emprendedores que España necesita, abril de 2013).
En resumen, recomendaciones o exigencias, las anunciadas por la Comisión Europea, sensatas y urgentes. Y, lo que es más importante, con fechas concretas para su cumplimiento. No debería esgrimirse la más mínima excusa para ponerlas ya en marcha. Si se hacen, la recuperación del crecimiento y del empleo estará más cerca.
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