Javier Vega de Seoane en Expansión Artículo publicado en el diario Expansión
Javier Vega de Seoane es Presidente del Círculo de Empresarios, DKV Seguros y Fujitsu
España es una historia de enorme éxito, y muy especialmente en estos últimos 40 años. En este tiempo los españoles hemos pasado pacíficamente de un sistema dictatorial a una democracia moderna, restaurando una Monarquía Parlamentaria, y hemos conseguido disfrutar del más largo período de paz y prosperidad, que nos ha permitido construir un Estado del Bienestar a la altura de los mejores del mundo en un clima de convivencia extraordinario.
Pasamos de la dictadura a la democracia, sin que nadie dejara de cumplir las leyes (“de la ley a la ley pasando por la ley”), y nos dimos una Constitución en un clima de consenso, refrendada por todos los españoles que votaron en referéndum con un alto nivel de participación (67% del censo) y un altísimo nivel de votos positivos (88,54%).
La gran mayoría de los españoles nos pusimos a trabajar juntos, compartiendo un proyecto común y dejando a un lado nuestros viejos demonios familiares. Este espíritu de consenso y concordia permitió que, finalmente, España se pudiera vertebrar y se produjera el milagro político, social y económico, que tanta admiración ha producido internacionalmente y que nos ha colocado entre los países mejores del mundo.
Después de soportar una larga y profunda crisis, hemos visto en estos últimos tiempos claros síntomas de recuperación, con tasas de crecimiento económico, que necesitamos mantener en los próximos años para resolver nuestros problemas de desempleo, de déficit fiscal y de endeudamiento, que nos permitan a largo plazo, sostener nuestro Estado del Bienestar.
Las perturbaciones por las que atraviesan los mercados, como consecuencia de las incertidumbres sobre la economía China y otros grandes países emergentes, el terrorismo yihadista, la crisis de la inmigración, y la evolución de los precios del petróleo y de las materias primas, están ralentizando el crecimiento de la economía global.
En estos momentos de fragilidad del entorno geopolítico, España se encuentra en el camino de salida de una tremenda crisis, con reformas pendientes que no podemos retrasar más. Afianzar la recuperación exige mantener las políticas de consolidación fiscal en línea con los objetivos de la Unión Europea, y profundizar las reformas estructurales que nos permitan crecer y generar los recursos suficientes para mantener nuestro Estado del Bienestar: reforma del modelo territorial, de las administraciones públicas, de la educación, laboral, fiscal, etc.
Un gobierno sólido y estable es esencial en cualquier circunstancia, pero más aún cuando nos enfrentamos, como actualmente, a un entorno lleno de desafíos y de riesgos.
En este contexto, volver a celebrar unas elecciones generales no parece que sea lo que más conviene al interés general. Nuestra clase política está obligada, hoy más que nunca, a buscar soluciones de consenso sobre la base de los resultados del 20-D. Para ello, los intereses del país y de sus ciudadanos deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración.
Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, por lo que no podemos malgastar más tiempo en peleas internas y partidistas. Necesitamos un nuevo proyecto de país que motive, ilusione y vertebre a todos los españoles. No podemos olvidar que detrás del fracaso de países con grandes potenciales y riquezas naturales envidiables están gobiernos incompetentes e irresponsables. Nos ha costado mucho conseguir lo que hasta ahora hemos logrado y tenemos que seguir trabajando todos juntos para mantenerlo.
Entre todas las reformas que se encuentran pendientes para resolver los problemas que afectan a la sociedad española, una de las más urgentes es la de nuestro modelo territorial. Esta reforma debería cerrar clara y definitivamente qué competencias corresponden a la Unión Europea, al Gobierno central, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.
La situación en que se encuentra en estos momentos Cataluña no difiere significativamente de la de hace unos meses cuando se inició el desafío independentista. El nuevo presidente de la Generalitat sigue proponiendo el mismo disparate que el anterior: una ruptura de Cataluña con el resto de España en un proceso al margen de la Ley.
¡Y se insiste en esta hoja de ruta precisamente cuando, con este nuevo panorama político, se presenta la oportunidad de revisar nuestras reglas de convivencia!
Como ya ha manifestado el Círculo de Empresarios en ocasiones precedentes, la única forma civilizada de resolver las naturales diferencias en sociedad es mediante el diálogo en el marco de la legalidad. En democracia, y dentro de la Ley, todo es posible; incluso su propia modificación. Sin embargo, quien empieza por incumplirla automáticamente se coloca fuera de la mesa del diálogo y de la negociación, perdiendo todas las razones que, originalmente, pudieran asistirle.
El incumplimiento de la Ley no lleva más que al descrédito y a perder el respeto a nivel nacional e internacional. Es más, amenazar con su incumplimiento resta no sólo credibilidad sino la propia autoridad a quien precisamente la tiene en virtud de esa Ley.
Tenemos que iniciar cuanto antes un proceso de reconducción de los desafectos, recomponiendo un proyecto común que ponga la energía emocional individual y colectiva en la misma dirección, recuperando el clima de consenso y concordia que hizo de la Transición un gran éxito. En esta tarea los partidos políticos tendrán siempre a su disposición la colaboración y las aportaciones de la sociedad civil.
El escenario político, tras el fragmentado resultado de las últimas elecciones generales, puede parecer inquietante, pero también representa una oportunidad para volver a un clima de consenso que permita buscar soluciones a los actuales problemas; y en eso deberían concentrar sus esfuerzos los políticos responsables.
Una vez que los políticos se sienten a negociar, es necesario que pongan por delante los intereses generales a los personales y los particulares de cada partido, en una búsqueda de lo mejor para el conjunto de los ciudadanos.
La actividad económica necesita, como requisito básico para contribuir al bienestar social, de seguridad jurídica; y ésta, a su vez, se asienta sobre el respeto a la Ley y al Estado de Derecho. En el contexto actual de inestabilidad internacional parece que lo más urgente es acelerar la constitución de un gobierno que aporte la necesaria estabilidad y seguridad jurídica. Cuando se negocia en la búsqueda de un consenso, todas las partes tienen que ceder algo en sus planteamientos. Esperemos que lo hagan a la mayor brevedad posible.