Tanto en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, de 1989, como en la LOGSE, de 1990, y en el Plan de Reforma de la Formación Profesional, de enero de 1992, se recogen con amplitud una serie de preocupaciones y planteamientos sobre el estado de la Formación Profesional con un espíritu positivo digno de encomio. No obstante, en la voluntad política que preside los textos de algunas propuestas se observa un cierto talante intervencionista y centralizador que lógicamente está generando, de una parte, un vago resurgir de viejos corporativismos y, de otra, un apego a registros burocratizadores y academicistas, con olvido de que los desafíos de educación y formación que nuestro país tiene delante de sí afecta a todos los sectores y niveles sociales y es tarea a resolver con el concurso de toda la sociedad sin distinción alguna de rango o profesión.
Por su parte, los apartados que dedica a las materias de la Formación Profesional el Programa de Convergencia, de marzo de 1992, presentado por el Gobierno de la nación, se encaminan en la misma línea reformadora y tratan de convocar el esfuerzo y la ilusión de todos los españoles. Como se recomienda en el cierre del documento del Círculo, de 5 de mayo de 1992, titulado “Convergencia: ahora o nunca”, es preciso desvincular el Plan de Convergencia de posiciones partidistas convirtiéndolo en un auténtico Programa de Estado.
