Reflexiones ante esta nueva Legislatura

Tras la reciente decisión del Comité Federal del PSOE de facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, el Círculo de Empresarios se congratula de que, tras casi un año de Gobierno en funciones, España vaya a poder contar en breve con un Gobierno en firme. Es muy necesario que este Gobierno sea estable, que tenga continuidad en el tiempo y que, en síntesis, haya gobernabilidad, despejándose de una vez por todas la amenaza de unas nuevas elecciones generales a corto plazo.

Nuestro país, tras un año de impasse político que ha impedido relanzar el impulso reformista, afronta un periodo clave para afianzar la recuperación económica, resolver nuestros grandes problemas socioeconómicos y estructurales, y adaptar nuestra economía a los cambios y transformaciones de la economía global. No existen dudas sobre la previsión del crecimiento de España en 2016, en torno al 3,1-3,2%. Sin embargo, 2017 se vislumbra como un año de menor avance económico, debido a los riesgos nacionales e internacionales presentes a corto y medio plazo, y en el que debemos hacer frente a nuestros compromisos fiscales con la Comisión Europea.

El escenario internacional estará condicionado por:

  • Los resultados electorales en EEUU y en países europeos como Alemania, Francia e Italia, entre otros, marcados por el avance de posturas populistas y aislacionistas que frenan procesos de integración, reflejadas recientemente en el Brexit o en el rechazo a los acuerdos de liberalización comercial.
  • La incertidumbre sobre la estabilidad del sistema financiero condicionada por una escasa inflación y unos bajos tipos de interés, y por la situación de la banca italiana y portuguesa, junto a algunas entidades con riesgo sistémico, afectadas además por crecientes requerimientos de capital.
  • El volumen de deuda global del sector no financiero (público, hogares y empresas), equivalente al 225% del PIB mundial, con evidentes riesgos a medio plazo.
  • La pérdida de impacto de la política monetaria expansiva sobre el crecimiento, especialmente en el caso de las economías avanzadas.
  • La inestabilidad, acompañada de incertidumbre e impredictibilidad, asociada al nuevo contexto geoestratégico y geopolítico que de consolidarse puede llevar a un mundo más fragmentado y de bloques con un nuevo reparto del liderazgo mundial.
  • Dudas sobre la evolución de las economías emergentes, especialmente por una posible desaceleración brusca en China, donde la salida de capitales y los elevados niveles de deuda pueden generar tensiones financieras a medio y largo plazo
  • Un crecimiento anual medio inferior a lo previsto en EEUU, posiblemente el menor desde 2009, lo que explica el retraso en el calendario de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, nuestro país debe dar respuesta a los siguientes retos:

  • Mantener los avances de nuestra competitividad requiere que la futura evolución de los costes laborales unitarios siga manteniéndose por debajo de las principales economías europeas, sin perjuicio de que se produzcan con moderación avances en los salarios medios y en la ampliación de la masa salarial que permita sostener el crecimiento sano de la demanda interna.
  • Incógnitas sobre la evolución futura de las exportaciones de bienes y servicios españoles, en un escenario en el que el comercio exterior se ralentiza y comienza a mostrar señales claras de desaceleración debido al menor crecimiento económico de China y de los países emergentes, y al bajo crecimiento de la UE.
  • Los efectos del Brexit pueden reducir el crecimiento de la economía española para 2016 y 2017 en 0,4 puntos porcentuales (BBVA Research), por su posible impacto negativo sobre el sector turístico, las exportaciones, la inversión extranjera directa (IED) y el sector inmobiliario.
  • El previsible encarecimiento del precio del petróleo tendrá un efecto negativo sobre nuestra demanda interna y sector exterior, reduciendo el potencial de crecimiento de la economía española.
  • El envejecimiento de la población tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico, los avances en competitividad y la generación de conocimiento. El menor peso de la fuerza laboral reducirá el nivel de renta per cápita y la contribución de la demanda interna ante el cambio en los patrones de consumo, ahorro e inversión, provocando una previsible caída de los ingresos tributarios. Paralelamente, se producirá un incremento del gasto social en pensiones, en sanidad y en servicios asistenciales que, junto a la menor recaudación, dificultará la financiación y la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar.
  • Incertidumbre institucional y política, con un panorama parlamentario complejo y difícil de gestionar, y con reformas pendientes nada fáciles de consensuar.

En esta inquietante situación de incertidumbre internacional, y con graves problemas internos por resolver, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2017 (PGE) y, en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos fijados por la Comisión Europea, se encuadran, en dos posibles escenarios, a partir de la previsible formación de Gobierno:

  • La posible formación de Gobierno a finales de este mes debe permitir poner fin a una etapa de parálisis legislativa, y facilitar una rápida tramitación y aprobación de los PGE, no más tarde del primer trimestre de 2017, y con ello la posibilidad de lograr el objetivo de déficit del 3,1%, haciéndolo compatible con una prórroga de los actuales hasta la aprobación de los siguientes, con los ajustes necesarios.

  • El peor escenario sería la imposibilidad de aprobar los PGE, a pesar de haber formado Gobierno, y que la prórroga, insuficiente para cumplir con nuestros compromisos europeos, no pudiera complementarse con la aprobación de los ajustes que inevitablemente hay que acometer. Formar Gobierno para no poder gobernar es la peor de las hipótesis, y la pérdida de credibilidad ante la Comisión Europea sería irreparable, además de hacer ineludibles las sanciones y la pérdida de fondos europeos. Y haría inevitable la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Por todo ello, el Círculo quiere apelar al sentido de la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que antepongan los intereses generales a cualquier otro tipo de consideración.

Porque hay una realidad cierta, y es que el crecimiento económico y la creación de empleo que ha experimentado la economía española desde 2014 no ha permitido lograr los objetivos presupuestarios pactados con la Comisión Europea. Así, 2015 culminó con un déficit del 5% (0,8 puntos porcentuales superior a lo acordado) y la situación de las cuentas públicas nos ha llevado a una segunda revisión del Pacto de Estabilidad para 2016 situando el objetivo de déficit en el 4,6% del PIB frente al 2,8% inicial (una diferencia aproximadamente de 20.000 millones de euros). Por tanto, estaríamos nuevamente ante un año perdido en términos de consolidación fiscal, vía gasto e ingresos públicos, que nos lleva a fiar el grueso del ajuste a 2017. No podemos perder más tiempo.

Recomendaciones del Círculo de Empresarios

Iniciamos, en consecuencia, un periodo en el que todos, especialmente la clase política, tendremos que llegar a acuerdos y consensos que den solución a nuestros principales problemas socioeconómicos, y que sitúen a nuestro país como un actor relevante del escenario mundial. Debemos ser responsables, no solo cumpliendo nuestros compromisos con la Comisión Europea, sino también garantizando el futuro y bienestar de todos aquellos que sienten que esta crisis los ha dejado atrás. Lograremos fortalecer la sostenibilidad del Estado de Bienestar y garantizar el principio básico de igualdad de oportunidades con reformas ambiciosas que reduzcan el paro y el déficit estructurales.

Por tanto, es tiempo de retomar el espíritu reformista para corregir los grandes desequilibrios que aun presenta la economía de nuestro país y, al mismo tiempo, apuntalar los avances y esfuerzos que ha realizado el sector privado a lo largo de la crisis.

El Círculo de Empresarios propone que estos necesarios consensos y acuerdos contemplen una serie de reformas estructurales y de corto plazo que consideramos prioritarias:

  • La educación es el elemento que garantiza la igualdad de oportunidades y, por tanto, reduce el riesgo de exclusión social y de pobreza. España necesita una reforma educativa consensuada, estable y con visión de largo plazo, que fomente el emprendimiento y garantice la empleabilidad de nuestros jóvenes en una economía cada vez más digitalizada y global, en la que debe ganar protagonismo la Formación Profesional dual.
  • La globalización y la digitalización están transformando la economía con un mayor protagonismo del conocimiento y el talento. Mejorar la competitividad e impulsar el dinamismo de nuestra economía requiere de una estrategia que nos permita converger en materia de I+D+i con los países de nuestro entorno, y que genere y atraiga talento investigador.
  • El notable crecimiento del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población, a la mayor esperanza de vida y al aumento de la pensión media contributiva, unido a la pérdida de afiliados a la Seguridad Social, exige la puesta en marcha de nuevas medidas tanto paramétricas como estructurales. Por tanto, es necesario transformar progresivamente el actual sistema de reparto en uno mixto de reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria. Paralelamente, es urgente adoptar nuevas medidas que fomenten la natalidad y la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, e implantar otras que permitan retrasar o combinar la jubilación con la actividad laboral.
  • Las deficiencias que aún presenta nuestro mercado de trabajo, con una tasa de paro estructural del 18% y juvenil del 46,5%, exigen llevar a cabo una reforma del mercado laboral que impulse la creación de empleo estable y de calidad y que disminuya su dualidad. Todo ello debe ir acompañado de una mayor eficiencia en el diseño y la gestión de las políticas activas de empleo.
  • Debemos apostar por una reforma integral del sistema fiscal para equiparar su diseño al de los países más competitivos de nuestro entorno, en tipos y en incentivos fiscales, lo que redundaría positivamente en una mayor generación de empleo, en la atracción de inversiones e instalación de centros productivos, en la puesta en marcha de nuevas iniciativas emprendedoras, y en el crecimiento de nuestras empresas. Todo ello, favorecería la aparición de un mayor número de contribuyentes y, en consecuencia, impulsaría los ingresos tributarios. La evolución de nuestra estructura de gastos e ingresos públicos refleja la persistencia de un déficit estructural. Más allá de mejorar la eficiencia, la transparencia, el control y la calidad del gasto público, la Administración debe paralelamente centrarse en aumentar la recaudación, sin subir los tipos impositivos existentes. Nuestro país no puede seguir aceptando una economía sumergida del 18% del PIB. Por cuestiones éticas y de justicia redistributiva. Por ello, se deben incrementar los medios para combatirla, intensificar la lucha contra el fraude y promover la educación fiscal, para hacer a los ciudadanos conscientes de su corresponsabilidad hacia el Estado de Bienestar.

El nuevo Gobierno deberá consensuar en el Parlamento y obtener el máximo respaldo posible a las reformas necesarias para que España cumpla sus compromisos con Europa y se consoliden la recuperación y el crecimiento de la economía. Esas reformas –incluida la de nuestro sistema fiscal- deberán ir acompañadas de una decidida lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ampliando los ingresos públicos sin subir los tipos de gravamen, así como una racionalización y una mayor eficiencia en los gastos por parte de las Administraciones Públicas, especialmente las territoriales, además de afrontar decididamente una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

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