Artículo publicado en el diario Expansión
Jesús Sainz es Secretario General del Círculo de Empresarios
La tasa de paro juvenil en España alcanza el 54,4%, la segunda tasa más elevada de la UE-28, después de Grecia. Afecta a casi un millón de jóvenes entre 16 y 24 años, de los cuales casi un 50% llevan más de un año desempleados y un 60% no ha completado la educación secundaria. Esta dramática realidad exige más acción y nuevas reformas. No hacerlo supondrá graves consecuencias para nuestra sociedad, nuestra economía y particularmente para cada uno de los jóvenes que se encuentran en esta situación. La falta de trabajo de nuestros jóvenes se traduce no solo en la pérdida de lo invertido en su formación, sino que renunciamos a su potencial, su motivación y sus nuevas ideas o planteamientos. Además, la emigración de 218.000 jóvenes entre 2009 y 2013 reduce el potencial de crecimiento económico de España, si no logramos que regresen.
Las causas que explican el elevado paro juvenil de España responden a nuestro modelo productivo, a la regulación del mercado laboral y al diseño del sistema educativo.
En primer lugar, la crisis del sector de la construcción ha dejado en la calle a un gran número de jóvenes, que durante la burbuja inmobiliaria abandonaron sus estudios, atraídos por unos salarios equiparables al de otras profesiones que exigen mayor nivel de formación. A este hecho, propio de la economía española, hay que unir la competencia desencadenada por los países emergentes que ha obligado a muchas empresas a trasladar su producción a estos países.
En segundo lugar, la regulación laboral ha propiciado la dualidad de nuestro mercado laboral, al que normalmente, nuestros jóvenes han accedido y mantenido encadenando contratos temporales. Esta temporalidad reduce sus expectativas de futuro y estabilidad en situación de crisis económica. En España un 40% de los jóvenes no encuentran un contrato de trabajo indefinido tras dos años, frente al 25% de Francia y el 10% de Alemania.
Y por último, nuestro sistema educativo se caracteriza por la polarización y escasa experiencia laboral adquirida por nuestros jóvenes durante su formación. En España son muy pocos los jóvenes que combinan trabajo y estudio, o que trabajan durante las vacaciones escolares, y que pueden optar por una formación profesional dual por su escasa presencia. En nuestro país solo un 32% de los jóvenes se decantan por la formación profesional (de los que un 57% del total reciben formación dual), mientras en Alemania y Suiza la formación profesional (siempre de carácter dual) es elegida por más del 60% de los jóvenes. Por tanto, actualmente, nuestro sistema educativo no responde a las necesidades del mercado de trabajo, que demandará un 50% de titulados con estudios medios en 2020.
El mundo empresarial no es ajeno e insensible a esta realidad. Así lo han mostrado, recientemente, en El Barómetro de los Círculos (www.circulodeempresarios.org), elaborado en colaboración con el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, en el que más de 150 directivos encuestados han destacado entres sus grandes preocupaciones para consolidar la recuperación e impulsar el crecimiento económico, la situación del desempleo en España, y en especial del paro juvenil. De ahí, y como lo hemos manifestado anteriormente, nuestro país requiere de nuevas reformas educativas, laborales y fiscales que impulsen la creación de empleo juvenil de calidad y estable, entre las que destacamos las siguientes:
- Impulsar una educación emprendedora en todos los niveles educativos e implantar programas de emprendimiento juvenil público-privados como ya se hace, por ejemplo, en Canadá, Alemania y Bélgica.
- Fomentar las prácticas laborales antes de alcanzar niveles de formación superior, práctica habitual en los países nórdicos, Reino Unido y Alemania.
- Desarrollar la formación profesional dual, donde las empresas deben tener una actitud más proactiva. Para ello, es vital impulsar el crecimiento del tamaño medio de nuestras empresas.
- Reformar las políticas activas de empleo, una asignatura pendiente. Éstas deben exigir el cumplimiento del compromiso de actividad y fomentar la reincorporación de los parados mediante formación inmediata en colaboración con las empresas, como ocurre en Alemania y Dinamarca, donde existen programas de orientación y formación con actividades a realizar por los jóvenes desempleados.
- Transferir a las empresas más competencias en la gestión y financiación efectiva de la formación para el empleo, rompiendo el monopolio actual de los agentes sociales.
- Fomentar la empleabilidad de los jóvenes mediante contratos incentivados y la creación de un salario mínimo interprofesional específico vinculado a la formación. Estas medidas existen en Australia, Holanda y Reino Unido, donde el salario mínimo está escalado hasta los 21 años.
Si no nos resignamos y actuamos, evitaremos una generación perdida.