Pedro Schwartz es profesor de la Universidad San Pablo CEU y académico asociado del Instituto Cato
Hace quince años, el Círculo de Empresarios, entonces presidido por Carlos Espinosa de los Monteros, invitó a José Piñera a realizar un informe sobre la creación de un sistema de pensiones públicas capitalizadas. La ocasión, muy favorable entonces, se desaprovechó, y ahora diré cómo y por qué. Pero no hay que desesperar, nos dijo Piñera en su visita a España de hace dos semanas. Aún estamos a tiempo de lanzar un sistema sostenible de pensiones, si bien a un coste algo mayor que entonces. La otra salida es continuar yendo a Toledo y seguir tapando el agujero con recortes.
El 4 de noviembre de 1980, José Piñera, entonces ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile, realizó una profunda reforma de las pensiones públicas de su país, cuyo éxito se colige porque 33 años después y bajo siete gobiernos distintos, autoritarios y democráticos, de derecha e izquierda, el sistema se ha mantenido en lo esencial Los fondos de pensiones privados, de los que son dueños los trabajadores y las compañías de seguros tienen acumulados activos por 200.000 millones de dólares, equivalentes al 70% del PIB de Chile, invertidos tanto en casa como en el extranjero. La tasa de retorno media de estas inversiones ha sido del 8,7% real (por encima de la inflación) acumulativo. Los lectores de este periódico sabrán lo que significa que una inversión aumente su valor a un 8,7% de interés compuesto, aunque el público en general, y sobre todo los sindicalistas, no acaben de entender este concepto. Estudios recientes muestran que, del total acumulado por los trabajadores, un 70% se debe a las plusvalías y sólo un 30% son sus aportaciones.
Las pensiones de reparto, como son las públicas de España, no contribuyen a la inversión productiva del país. Sólo indirectamente, a través del consumo. La capitalización, en cambio, contribuye a nutrir de productividad no sólo el fondo de las pensiones, sino el país en su conjunto. No hay duda de que las inversiones realizadas por estos fondos han contribuido a que Chile haya podido crecer a una tasa entre el 5% y el 6% anual en estos 35 años. La renta per capita ha pasado de 4.000 dólares en aquella lejana fecha a 20.000 dólares hoy, lo que pone al país en el umbral del pleno desarrollo europeo, casi al nivel de Portugal.
El coste de la transición
Dos dimensiones del sistema tienen especial interés para ser imitadas en España; la primera, la estructura institucional, y la segunda, la forma de transición de un sistema público de reparto a uno privado de capitalización. Los Fondos de Pensiones (FP) están gobernados por seis compañías privada, llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y vigiladas por un Superintendencia pública, creada al efecto. El sistema se modificó en 2008 en tres puntos principales: el Estado ha añadido lo que se llama un «aporte solidario» que mejora la situación de los trabajadores y pensionistas de mayor edad; se han creado “multifondos» que intentan evitar el efecto negativo de las crisis sobre determinadas AFP; y se carga sobre el subsidio de paro mantener las aportaciones de quienes pierden el trabajo. La aportación obligatoria es del 10% del salario a lo que puede añadirse una aportación voluntaria de otro 10%. Compárese esto con el 29% del salario que suponen las cotizaciones de los trabajadores españoles a la Seguridad Social. Al pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, el modo de transición es crucial. Chile reconoció un bono público a los incluidos en el anterior sistema de reparto para que no perdieran lo contribuido al modelo antiguo. Este bono de reconocimiento de deuda se propuso en el Informe del Círculo de hace quince años: habría supuesto una emisión de deuda equivalente todo lo más al 2,5%del PIB. La ocasión se perdió, lo recuerdo bien, porque se opuso a ello José Barea, que sólo supo ver el aspecto contable de la propuesta y no el productivo. Ahora esto es imposible en España, donde la deuda pública pronto alcanzará el100% de PIB. Los países occidentales, como dije en el artículo pasado, tienen una deuda latente por las pensiones prometidas que ya ninguno será capaz de afrontar.
Esa deuda escondida del llamado “reparto”, que puede llevar a salvajes recortes de las pensiones en el futuro y a repartir sólo miseria, habrá de reducirse en alguna parte, de dos maneras al instaurar la capitalización: una, que lo aportado por los menores de 30 años que de cancelado y se les apunte inmediatamente a la capitalización; otro, que la edad de jubilación se retrase inmediatamente a 67 años para permitir la sustitución de un sistema ruinoso por uno que, al menos, promete garantizar el retiro de quienes aún tienen años por delante para invertir en una pensión.
Está claro que el cambio no es sencillo y debería debatirse abiertamente. La situación es grave y el remedio posible. Todo pasa porque se hable con verdad y se estudie el modo de pasar de un sistema de pensiones tronado a uno verdaderamente sostenible. Temo que un Gobierno presidido por Hamlet, príncipe de Dinamarca. se muestre incapaz de tomar decisión alguna.