Artículo publicado en la revista Ejecutivos
Mónica de Oriol es Presidente del Círculo de Empresarios.
El ajuste económico llevado a cabo en los últimos dos años, junto a algunas reformas y el éxito de las empresas exportadoras españolas, han sentado las bases sobre las que impulsar la salida de la crisis. A ello se suma el impacto positivo de la fuerte caída del precio del petróleo y de la depreciación del euro. Todos estos elementos se aúnan para consolidar y fortalecer la reactivación económica y la creación de empleo. Después de siete largos años de crisis, el tan esperado como deseado cambio de signo en la coyuntura económica ya está aquí.
Ahora bien, siendo como es importante la evolución de la coyuntura económica, en estos momentos es fundamental tener una mayor amplitud de miras. Lo que está en juego no es solo la salida de la crisis, que empieza a ser realidad, sino la necesidad de adaptación a un cambio acelerado, a un futuro que ya se ha convertido prácticamente en presente. Y es que la confluencia del proceso de globalización con la irrupción omnipresente de unas nuevas tecnologías, de un desarrollo tecnológico que crece de forma exponencial, hacen necesaria la aceleración del proceso de transformación y cambio estructural de la economía española. Una vez que se ha iniciado la salida de la crisis, este es un buen momento para empezar a hacerlo.
El punto de partida es bueno. No hay que olvidar que, a pesar de todos nuestros problemas, España es una gran potencia económica, tanto por el tamaño de su mercado interno como por su pertenencia a la Unión Europea. Sus empresas exportadoras y sus multinacionales están demostrando una capacidad sin par de adaptación y crecimiento en un contexto internacional altamente competitivo. Y todo ello conforma un gran punto fuerte que garantiza una alta calidad de vida y un futuro lleno de posibilidades, si esas fortalezas se acompañan del necesario proceso de transformación interna.
El tamaño del mercado nacional, la localización geográfica y la posibilidad de utilizar a España como plataforma de acceso a otros mercados siguen siendo los principales atractivos para captar inversión extranjera. La presencia del capital extranjero es importante para España no solo por el empleo que genera, sino porque tiene un efecto dinamizador sobre el conjunto de la actividad empresarial. Además, la inversión foránea es una de las protagonistas fundamentales del proceso de inversión en I+D y de la introducción y difusión de las nuevas tecnologías. La salida de la crisis debería suponer un nuevo impulso para atraer más inversión productiva si, una vez superada la inestabilidad macroeconómica, se deja atrás, también, la inestabilidad política.
Otro de los grandes atractivos, de las principales fortalezas, de la economía española, reside en sus infraestructuras físicas. El importante esfuerzo inversor que se desplegó desde finales de la década de los 80 y, sobre todo, a partir del año 2000, ha dotado a nuestro país de un amplio conjunto de infraestructuras físicas modernas y de calidad. No obstante, existen importantes deficiencias en la gestión de las mismas, en los mecanismos de fijación de precios y en la toma de decisiones sobre nuevas inversiones que conviene resolver.
En este futuro tecnológico que ya está llamando a nuestras puertas, el capital humano se convierte en elemento estratégico para la capacidad de competir de las empresas. Las nuevas tecnologías, además, abren todo un nuevo mundo de posibilidades económicas y de empleo, de formas de organización empresarial y laboral, de nuevos tipos de empresas capaces de ofertar nuevas clases de bienes y servicios, de oportunidades para las personas creativas y con espíritu emprendedor. Y esas promesas solo se materializarán en realidades si España cuenta con el capital humano preciso para ello.
Capital humano y educación forman un binomio inseparable: el primero no puede existir sin la segunda. La cantidad y calidad del capital humano de que pueda disponer la economía española dependerá de la capacidad del sistema educativo para ofertar la formación y la capacitación profesional que demanda esta nueva economía que se está conformando. No se trata únicamente de la calidad en sí misma de los estudios; se trata, también, de que el sistema sea capaz de realizar una oferta formativa acorde con las verdaderas necesidades de las empresas en cuanto a capacitación profesional, en todos los ámbitos y niveles, del personal que contratan.
En España, por desgracia, existe la percepción generalizada de que la educación es uno de los puntos débiles más importantes de su economía. Esta situación, además, podría agravarse a corto plazo si el sistema educativo no es capaz de adaptarse a los retos y desafíos que plantea el avance imparable de las nuevas tecnologías, tanto en contenidos curriculares como en incorporación a la docencia de esas nuevas tecnologías. De la misma forma, es importante resolver las deficiencias relacionadas con el conocimiento de idiomas y con la baja calidad y reconocimiento de la formación profesional reglada y para el empleo.
La capacidad de innovación de la economía española también está vinculada con esa calidad del capital humano y del sistema educativo. La empresa podrá innovar si cuenta con el capital humano preciso para ello y en nuestro país existe, aunque puede que no tanto como sería deseable. Aun así, y aunque en España el gasto en investigación y desarrollo, medido en porcentaje del PIB, está por debajo de países como Estados Unidos, Alemania o Japón, lo cierto también es que se valora el potencial innovador de las empresas españolas, a través de mejoras tecnológicas en la definición de procesos y productos.
A pesar de ello, es necesaria una mayor implicación de las empresa en la actividad pública en I+D. Para ello es preciso poner en marcha medidas de fomento y financiación de iniciativas público-privadas, como los acuerdos universidad-empresa, para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación y desarrollo que beneficiarían a las dos partes. Además, también es preciso mantener y mejorar las actuaciones relacionadas con los incentivos fiscales a la I+D.
La inversión en I+D también es cuestión de tamaño empresarial. En España, cuanto mayores son las empresas, más recursos dedican, tanto en términos absolutos como relativos, a la inversión en investigación y desarrollo. Y aquí estriba una de las grandes diferencias de nuestro país con las naciones más avanzadas en este campo. En ellas, el porcentaje de empresas grandes y medianas sobre el total de compañías es mucho mayor que en España. Por tanto, toda apuesta que se haga en nuestro país por promover y potenciar la inversión en I+D tiene que pasar, necesariamente, por medidas que fomenten el aumento de tamaño de las empresas. En particular, es muy importante que las pequeñas empresas puedan crecer y transformarse en medianas. Para ello es preciso suprimir todos los obstáculos regulatorios que impiden o cercenan ese desarrollo.
El mercado de trabajo también debe ser objeto de actuaciones. La última reforma laboral es positiva. No obstante, existe una gran preocupación sobre las decisiones que están tomando los tribunales sobre la aplicación de la misma en aspectos tan fundamentales como la objetivación de las causas de despido. También siguen existiendo deficiencias importantes en relación con la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores y muy especialmente en la capacidad de las empresas para vincular la retribución de los trabajadores a la productividad individual de cada uno de ellos.
Finalmente están las Administraciones Públicas. Su mal funcionamiento tiene una raíz estructural que se ha visto acentuada con las exigencias de la crisis económica. Por ello, es preciso mejorar su eficiencia mediante la reducción de su tamaño, en la medida necesaria. También es preciso avanzar en la optimización de las competencias de los distintos niveles de la Administración.
En resumen, hemos recorrido un camino en la buena dirección. Pero debemos ser conscientes de que, para acelerar el ritmo de crecimiento y que éste sea inclusivo, capaz de incorporar a los muchos parados que la crisis ha generado, debemos centrarnos en mejorar la educación y hacerla más próxima al mundo empresarial. Y gestionar los bienes públicos con mentalidad de utilidad socio-económica, exigiendo a las AAPP resultados de la gestión de nuestros impuestos, redefinir el perímetro de la función pública, modificar el marco regulatorio para fomentar el crecimiento del tamaño de la empresa y cultivar el cambio cultural para que los que aportan valor en la sociedad sean valorados.
También hay que mejorar el atractivo fiscal a las inversiones foráneas, simplificar la regulación del mercado laboral para reducir al mínimo la dualidad y lograr seguridad jurídica y consenso político en los asuntos de Estado. Para concluir, más empresa, más empresarios y una administración que confíe en ellos; que no tengamos que pedir permiso cada vez en más ámbitos